Del estudio a la Evasión de los Impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado realizado por el Servicio de Administración Tributaria (SHCP), en conjunto con la Universidad de las Américas Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, se dio a conocer la erosión a la recaudación fiscal por la simulación de operaciones para efectos fiscales, por la expedición de comprobantes fiscales que no soportan una operación real, comúnmente conocida como compra-venta de facturas; ha soportado operaciones por montos superiores a los 900 mil millones de pesos en el ISR y 144 mil millones de pesos en el IVA. Actualmente el SAT tiene identificadas y sujetas a investigación a más de 70 mil empresas por este tipo de prácticas.

Considerando lo anterior, el pasado 27 de septiembre de 2018 se presentó el proyecto de Decreto que adiciona los párrafos decimosexto a decimoctavo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

El proyecto de Decreto se registró en la Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5136-I, martes 16 de octubre de 2018.

Con este proyecto de Decreto, el SAT busca, entre otros objetivos: aumentar los años de cárcel, el establecimiento de nuevos candados y cerrarle la llave al mercado negro de facturas:

1. Aumento en los años de presión a quien cometa el delito de defraudación fiscal, lo cual dependerá de los montos defraudados; prisión que va desde tres meses a 9 años.

2. Cancelación de sellos digitales de manera automática a las personas físicas y morales que facturen operaciones simuladas, de manera preventiva, que incluya la operación de un proceso ágil y sencillo para aclarar la emisión de sus comprobantes fiscales.

3. Condicionar todos los beneficios, trámites, acuerdos, facilidades, entre otros, de los diferentes órdenes de gobierno, al tener un dictamen positivo de cumplimiento de obligaciones fiscales.

4. El involucramiento de procesos de validación sofisticados.