Todos los mexicanos tenemos a nuestro alcance el Derecho De Petición, el cual constituye un derecho fundamental tutelado por nuestra Carta Magna. El ejercicio de este derecho representa una gran oportunidad que debe ser explotada por los mexicanos, toda vez que puede servir para aclarar una duda u obtener un criterio de parte de la autoridad correspondiente que puede servir de base o sustento para aplicar determinado procedimiento, estrategia o planeación en cualquier área en que se desarrollan los negocios ó simplemente para conocimiento general. Ahora bien, este derecho al igual que muchos, para ejercerlo se deben cumplir con los requisitos que al efecto establece el artículo 8º. Constitucional y observando siempre lo que al efecto establecen las tesis y jurisprudencias que sobre el tema emitan las autoridades del poder judicial.

Es importante mencionar que en la práctica, el ciudadano se enfrenta a una serie de problemas: no hay respuesta, es muy tardada, o a veces, la respuesta de la autoridad no cumplen los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, al respecto se puede presentar una demanda de amparo ante un juez federal con el fin de lograr que la autoridad a la que se le presentó la petición responda de manera expedita, debidamente fundada y motivada. Aquí el procedimiento puede ser muy largo, pero al final se puede obtener la respuesta esperada.

Fundamento del derecho de petición.
El Artículo 8º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Sobre el tema, es importante considerar, las tesis y jurisprudencias que al respecto se han emitido, de las cuales y a manera de ejemplo, se mencionan, las siguientes:

Época: Novena Época. Registro: 165204. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXXI, Febrero de 2010. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.A. J/49. Página: 2689.

Petición. Modalidades de los actos reclamados en el juicio de amparo que se promueve por violación a ese derecho. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante.

De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes:

1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias:

1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional.

1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo.

2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación.

3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias:

3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante.

3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional.