• Avanzar en SSP y fiscales
• Cuidadores, sin armas
• EPN, bien portado: AMLO

En términos gráficos y declarativos, la segunda reunión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Enrique Peña Nieto (EPN) confirmó la aterciopelada textura de la transferencia del poder ejecutivo federal.

El De nuevo en Palacio Nacional, en una sesión vespertina, el despacho de los asuntos de interés común pareció transcurrir en un marco de extraordinaria civilidad, según los reportes que los participantes ofrecieron: el priista a través de Twitter y el morenista mediante un mensaje directo a los reporteros que cubrieron el singular acto.

Destaca la clara intención del presidente electo de ir consolidando la estructura de trabajo en materia de procuración de justicia (a través de diversas fiscalías) y de seguridad pública. En este terreno, sobresale la celeridad con que se busca tener a punto la nueva Secretaría de Seguridad Pública en cuanto arranque la gestión lopezobradorista, el primer día de diciembre próximo.

En un gesto de cortesía política, que abona el plácido camino hacia el retiro de Peña Nieto, y que el presidente electo propuso a quien aún ocupa Los Pinos para que avale y empuje en el nuevo congreso federal la aprobación del cuerpo jurídico que reinstale la secretaría que ocupará el sonorense Alfonso Durazo.

Cortesía, se dijo líneas atrás, porque, en estricto sentido, la amplia mayoría de Morena en las dos cámaras de la próxima legislatura, más algunos votos de partidos aliados o deseosos de serlo, haría relativamente innecesaria la intervención de Peña Nieto como “jefe” de las escuálidas bancadas priistas.

Con el mexiquense o sin él, Morena y López Obrador podrían sacar adelante ese punto. Pero López Obrador desea evitarse cualquier obstáculo o retraso y ha decidido compartir con Peña esa faena legislativa que a ambos políticos redituará bonos, sobre todo al tabasqueño, pero también a su anfitrión de ayer.

En el proceso de “normalización” de las áreas relacionadas con la procuración de justicia, López Obrador y Peña Nieto acordaron coordinar esfuerzos para que en diciembre ya esté determinada la titularidad de la Fiscalía General de la Nación (punto en el que continuará la discusión respecto al carácter de esa fiscalía, si abiertamente allegada o vinculada al futuro presidente de la República o si independiente del poder ejecutivo, como lo demandan algunas agrupaciones civiles), la fiscalía anticorrupción y, aún cuando hay actualmente un encargado de esa área, la fiscalía de delitos electorales.

A contrapelo de la precariedad intencional que Peña Nieto sostuvo en esas oficinas, López Obrador empuja para tenerlas funcionando cuanto antes.

El tema de la seguridad personal de AMLO también fue definido: lo cuidarán veinte personas, en igualdad numérica de género y sin armas. Serán profesionistas con, cuando menos, licenciatura. El Estado Mayor Presidencial se reintegrará a la Secretaría de la Defensa Nacional (con esta medida, ampliamente anunciada con anterioridad, los ex presidentes deberían quedar en automático sin los elementos del EMP que han utilizado, casi siempre en términos abusivos).

El delicado tema de la designación de los secretarios de las fuerzas armadas (la Defensa Nacional y la Marina), será tratado por AMLO con los actuales titulares de esos cargos (ya se verá si se mantiene la tradición de que las élites de esas secretarías propongan al presidente entrante ciertos nombres para que este escoja a los nuevos titulares, o AMLO determina sin más tales designaciones).

Se confirmó que el equipo lopezobradorista participará en la confección de la propuesta presupuestal para el año próximo, lo cual evitará tropiezos en el poder legislativo y, eventualmente, retrasos en el arranque del nuevo presidente. Y la cereza del pastel a cuatro manos ha sido la declaración de López Obrador: “El Presidente Peña se está portando muy bien”, dijo, y afirmó que el priista no le ha pedido nada a cambio de estos acuerdos. Tersura, fluidez, entendimiento: la Magia del Poder.

Entrevistado por Carmen Aristegui, el abogado José Agustín Ortiz Pinchetti (quien fue secretario de gobierno con Andrés Manuel López Obrador, como jefe de la administración capitalina, y actualmente es representante de Morena ante el instituto electoral de la Ciudad de México) consideró que el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, cometió un “error” al “perseguir” al ex mandatario priista de aquella entidad, César Duarte Jáquez, acusándolo de corrupción y otros delitos.

A juicio de Ortiz Pinchetti, ese tipo de acciones “le quitan recursos y energías (a Corral Jurado) que deberían estar destinados al gobierno”. En ese sentido, encomió la política lopezobradorista del “perdón” (AMLO “va a olvidar y perdonar”), virtualmente el “borrón y cuenta nueva”. Corral tuiteó en respuesta: “Absurda y grotesca esta concepción de reconciliación, bajo la premisa del perdón a la corrupción; se coloca en sentido contrario a una de las motivaciones más importantes de la voluntad popular del 1 de julio. La impunidad perpetúa la corrupción y la injusticia. Es complicidad”.

Ante ello, el ex ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, dijo no recordar tales consideraciones de Corral durante la reciente visita de AMLO a Chihuahua, donde hubo “cálidos abrazos”, “sentidas palabras” y “reiterados elogios”. Corral reviró: “Si lo que dice José Agustín es lo que piensa hacer @lopezobrador_ se lo diré en público y en privado, como te lo dije a ti de frente, señalándote como uno de los responsables de esta tragedia nacional y el colapso del partido. La amargura no te permite distinguir la civilidad”.

Y, mientras René Bejarano ha puesto fin a la versión de que participaría en el equipo de gobierno lopezobradorista a través de “subcoordinadores” estatales de repartos asistenciales y distribuciones presupuestarias: “No pretendí ni pretendo ningún cargo. Ya tengo muchos cargos de conciencia para tener más. Voy a seguir trabajando como lo vengo haciendo. Esto ya se ha aclarado, esa información que circuló no tenía una sólida fuente”. ¡Hasta el próximo lunes!