Es probable que justamente por carecer, como nunca, de la fuerza política suficiente para influir en el (re)diseño nacional, Carlos Salinas de Gortari haya aceptado dar una conferencia en la que apareció soltando frases que, en el escenario movedizo de la transición del peñismo al obradorismo, sonaron a advertencia, incluso a amenaza.
Invitado como ponente por el Instituto Mexicano para la Justicia, una asociación civil que busca “llevar a cabo investigaciones y estudios científicos para apoyar y lograr una mejor procuración e impartición de justicia y solución de conflictos” (www.imjus.org.mx ), Salinas de Gortari hizo planteamientos que en otros momentos y circunstancias podrían resultar perturbadores: México, dijo, vive momentos maquiavélicos, cuyo desenlace puede ser el renacimiento o la desaparición de la república.
Presentado como un maquiavelista, Salinas de Gortari no ahorró frases que tal vez no pronunciaría si estuviera en condiciones de tramar y ejecutar algo emparentado con tales palabras: “quien se prepara para gobernar tiene que prepararse para el golpe inesperado, para el cambio inesperado”.
Envuelto en el manto de la conmemoración de los quinientos años de la primera publicación de El Príncipe, Salinas de Gortari (presentado como un maquiavélico, lector de un texto denominado “Realismo e Idealismo en (Nicolás) Maquiavelo”) advirtió que “el riesgo es alto para la República si las circunstancias cambian y el gobernante no cambia su forma de proceder, porque las Repúblicas también perecen” y
“lo más difícil para un gobernante es cambiar su actuar ante un fenómeno inesperado”.
En términos teóricos y sin destinatario específico, tales reflexiones son enteramente atendibles. Pero, en el terreno concreto de la política en curso, suenan sombrías y desafiantes si son puestas en labios del personaje que a lo largo de décadas ha sido el “villano favorito” del movimiento obradorista, justamente el representante del conjunto de intereses hasta ahora opuestos al proyecto triunfador del pasado primero de julio.
Sin embargo, Salinas de Gortari ha ido convirtiéndose en una suerte de Chupacabras político. Es decir, en un personaje con más carga de fábula conspiratoria que de realidad ejecutante, gestor de una clase empresarial que le fue fiel en la medida en que le pudo propiciar ganancias y protección pero que ahora busca otras coberturas, sobre todo en las nuevas puertas de entendimiento que el obradorismo ha colocado con ofertas de temporada (véase el avenimiento de los empresarios de Texcoco a los arreglos propuestos por ese obradorismo que abonará a los grandes capitales lo que sea necesario, a cambio de que lean el denotativo texto de nueva pedagogía sexenal, “¿Quién manda aquí?”).
Hoy, Salinas de Gortari no tiene suficiente fuerza política más que para balandronadas con fachada académica. Su proyecto político más reciente, su sobrina Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, sobrelleva la ingrata tarea de administrar el fideicomiso de liquidación de lo que fue el partido dominante, aplastante, durante largas décadas. En lo económico ha tenido concesiones importantes: su concuño, José Antonio González Anaya, ha sido durante el peñismo el director del gran negocio de Pemex y el secretario de hacienda. Su cuñado, Hipólito Gerard, ha prosperado en el mundo de los negocios de altura y este lunes incluso se sentó en un restaurante de Polanco con López Obrador, junto a otros empresarios beneficiados con la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco. Pero Salinas no pudo cogobernar con Peña, como pretendía. Ni pudo impedir el impactante triunfo de AMLO.
En tanto, ha sido nuevamente pospuesta la presentación del plan obradorista de seguridad. Pareciera que a las largas discordancias entre Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo se sumaron las observaciones prácticas e imperativas de los futuros mandos del Ejército y la Marina. No son alentadoras tantas posposiciones, marañas y apariencias de improvisación o desconcierto. Total, el programa será dado a conocer la semana próxima.
Enrique Peña Nieto insistió en que México estará en deuda con las fuerzas armadas si no se aplica la Ley de Seguridad Institucional, que actualmente revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar su constitucionalidad o la carencia de este atributo. La insistencia de Peña forma parte de una suerte de retórica acordada. Los jefes del Ejército y de la Marina insistieron, con inusual perseverancia y fuerza.