Por Julio Hernández López
Este domingo se realizará por primera vez una consulta popular con sustento constitucional, aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), procesos institucionales y resultados con probable verificación confiable. Antes, en este mismo sexenio en curso, se habían efectuado ejercicios carentes de los atributos mencionados, en aras de dar densidad política a decisiones en curso.
El estreno de esta forma de democracia participativa no cuenta con los mejores augurios, a pesar de que el platillo inicialmente programado parecería suculento para apetitos políticos tan desarrollados como los actuales: decidir con un “sí” o un “no” la suerte judicial de los expresidentes de la República vivientes, tan repudiados por una activa franja social, debería ser una dorada oportunidad de movilizaciones en estos momentos de una enorme ebullición política.
Sin embargo, esta consulta inaugural ha estado precedida de confusiones, contradicciones
(el propio presidente de la República no votará), insuficiencia presupuestal y peleas entre poderes federales, el electoral y el ejecutivo. A 72 horas de la apertura de urnas para recibir los votos ciudadanos, continúa la indefinición respecto a la ubicación de las casillas, la información y promoción han sido notablemente bajas y el empuje cívico original, que consiguió 2.5 millones de firmas en favor del enjuiciamiento de los expresidentes, en quince días de trabajo, ahora parecería no estar
en condiciones de alcanzar la cifra mágica de 37.4 millones de votantes, correspondientes al 40 por ciento del padrón electoral vigente.
Una causa de desaliento reside en la redacción que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió imponer, como condicionante para avalar la constitucionalidad de la pregunta puesta a votación. En lugar de decir “no” a la propuesta original, los ministros recurrieron a un retorcimiento gramatical que en los hechos significa poco o nada: no se votará en pro o en contra de enjuiciar exocupantes de Los Pinos sino de “esclarecer” conductas eventualmente delictivas de exservidores públicos en general.
Como una alternativa, si no va a las urnas el 40 por ciento de los ciudadanos con derecho a hacerlo, comienza a circular la propuesta de que el mandato popular de este domingo se traduzca en la creación de una “comisión de la verdad”. Un personaje emblemático de la lucha contra la corrupción en el actual gobierno federal, Santiago Nieto Castillo, lo ha propuesto en redes sociales.
Y el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar de Larrea, declaró días atrás que la consulta no se refiere en específico a procesos judiciales, pues “estos no se consultan, pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación
o de sanación nacional. De justicia transicional”. Es decir, algo parecido a una Comisión de la Verdad o abiertamente esta.
Las “comisiones” no gozan de buena fama en el historial político mexicano. Se les suele entender como una forma de hacer tiempo para no hacer nada. Vicente Fox creó no una comisión sino, en 2001, una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), con el abogado Ignacio Carrillo Prieto
al frente, quien llegó a procesar a Luis Echeverría Álvarez por las represiones de Tlatelolco en 1968 y del Jueves de Corpus en 1971, aunque el expresidente, por razones de edad (ahora se encamina a cumplir cien años) no pisó la cárcel y, al final fue exonerado ya con Fox urgido de desentenderse del asunto, al grado de cerrar dicha fiscalía en sus últimas decisiones de gobierno. Y, mientras en Pantelhó, Chiapas, los veinte representantes de comunidades indígenas y de 18 barrios elaboraron un comunicado en el que aseguran que ya están “unidos tanto gente indígena y mestiza y las distintas religiones evangélicas, en lucha por la paz”, luego de tomar la cabecera municipal para actuar por propia mano contra “narcoayuntamientos” y sicarios, ¡hasta mañana!