El talón de Aquiles del lopezobradorismo siempre ha estado en la representación partidista en las mesas receptoras de votación. O, para ser más precisos, en sus estructuras electorales partidistas en general (antes, en el PRD; ahora en Morena, con las alianzas o coaliciones de cada momento). A pesar de la innegable fuerza social que en los actos de campaña tiende a mostrar la opción encabezada por el político de Macuspana, a la hora de las urnas tal vigor y numerosidad no han tenido suficiente representación.

Hay dos factores que ayudan a explicar esa distorsión clave. Por un lado, los pleitos entre los grupos, que se pelean el control del dinero y la representación electorales, suelen obstruir la acreditación de quienes no forman parte de sus facciones e incluso, de una manera irónica, suelen rechazar a quienes de manera honesta y voluntaria, pero sin grupo, desean promover y defender el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En esta ocasión, el jefe de Morena ha decidido que dos de sus hijos se encarguen directamente de las tareas de acción electoral; uno, como responsable nacional, y otro en la capital del país, en una estrategia encaminada a una dosificada sucesión familiar en el creciente partido.

Por otra parte, los adversarios del lopezobradorismo que han tenido capacidad de infiltración económica (Fox, en 2006; Calderón en 2012; Peña Nieto en 2018) han hecho y hacen todo para comprar la voluntad omisa o abiertamente complicitaria de cuanto representante ante casillas o representante general han podido. La estrategia, como parece estar sucediendo en esta ocasión, no solamente busca aumentar de manera tan artificial como notable la votación a favor de determinado candidato, o reducirla también de manera significativa. Un manejo “ponderado” de cifras puede llevar a desarrollar una estrategia de fraude electoral mediante el incremento o disminución de los números oficiales de cada mesa de votación en términos aparentemente moderados, “aceptables”, que en un conteo global sí signifiquen una modificación sustancial de las tendencias originales.

Ayer, la comisión de asesoría electoral del partido que lidera todas las encuestas de opinión generalmente aceptadas, hizo saber que tiene ya un ejército electoral de unas 640 mil personas. Dicha comisión se ha integrado de manera peculiar: están los expanistas Germán Martínez (coautor del fraude electoral de 2006, a favor de Felipe Calderón), Gabriela Cuevas (tramposa pagadora de la fianza que evitó a AMLO verse en la cárcel, luego de ser desaforado como jefe del gobierno) capitalino) y José María Martínez (jalisciense de ultraderecha).

También están en esa asesoría algunos partícipes de luchas anteriores del lopezobradorismo: el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia (quien no se ha ahorrado críticas a algunos aspectos polémicos generados en la actual campaña), el también exconsejero ciudadano del Instituto Federal Electoral, Jesús Cantú,  y Horacio Duarte, representante ante el instituto electoral en 2006, al igual que ahora.

A ese mosaico se ha agregado el abogado Santiago Nieto Castillo, quien fue destituido de manera arbitraria e ilegal de la fiscalía para asuntos electorales por la administración peñista, rabiosamente decidida a impedir que se continuara y ahondara en las investigaciones sobre el caso Oderecht y su impacto corruptor en la campaña presidencial priista de 2012 y en la asignación de contratos de compensación durante el paso de Emilio Lozoya por la dirección de Petróleos Mexicanos.

En la conferencia de prensa que ofrecieron algunos de los integrantes de esa comisión electoral se insistió en dos factores preocupantes: el manejo faccioso de los recursos públicos asistenciales, en la línea ya clásica de la conversión de la pobreza en oportunidad de “ayuda” gubernamental canjeable por votos; y la intervención cada vez más abierta de los gobernadores de los estados, controladores y operadores de los programas asistenciales y suministradores de fondos públicos para las campañas de sus preferencias.

El verdadero presidente ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños (consejero electoral negociado en su momento como parte de la “cuota” del PRI), dio a conocer, junto con el también consejero Benito Nacif, que la candidatura de Nestora Salgado al Senado, a nombre del partido Morena, está “firme” en su etapa actual y que, en caso de triunfar, se revisará el punto específico de su nacionalidad estadunidense, que no reportó en su solicitud de inscripción para el proceso electoral.

Un juez federal, por su parte, se declaró incompetente para atender la demanda por daño moral presentada por la misma Nestora contra el candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, luego que éste la llamó “secuestradora”. El asunto, indicó el juez de distrito, debe tramitarse en el fuero común y no en el federal.

Astillas: Más que el Bronco (apodo francamente en escandalosa decadencia), Jaime Rodríguez Calderón debería ser llamado el Manco, en justa consonancia con su ocurrencia planteada en el primer debate entre candidatos presidenciales, en el sentido de cortar las manos a quienes cometieran robos y fraudes (en su caso, es acusado de delitos que se habrían realizado en el proceso de recolección de firmas para su postulación “independiente”)… Que dice René Juárez, el guerrerense a cargo del PRI, que José Antonio Meade llegará al tercer debate entre candidatos en segundo lugar de las preferencias electorales. Ya algunas empresas “encuestadoras” caminan en ese sentido… Germán Larrea se ha sumado a las voces que piden a los mexicanos que no se dejen llevar por el enojo (la autoflagelación, diría un clásico) a la hora de votar, y que eviten tender al populismo. El segundo hombre más rico de México, que no destinó recursos a la recuperación de los cuerpos de mineros sepultados en Pasta de Conchos, prefiere el hipismo: le pertenece el 40 por ciento de los caballos pura sangre que corren en el Hipódromo de las Américas (https://goo.gl/AycS5f )… ¡Hasta mañana!