El cambio de modelo de asignación de recursos a estancias infantiles para madres trabajadoras y padres solos es un buen ejemplo de contradicción y choque entre dos aspiraciones legítimas: por un lado, la supresión de fórmulas de entrega de dinero a intermediarios o gestores, para así propiciar que se eliminen los tradicionales moches corruptos a cargo de organizaciones y liderazgos políticos y sociales; por otra parte, la necesidad de mantener un esquema de servicio a infantes que, aún con sus deficiencias y distorsiones, presta una ayuda sustancial al desempeño laboral de los usuarios adultos.

De un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado lo que ha sido un secreto a voces: el desvío de parte de los recursos destinados a esas estancias infantiles.

Este episodio es parte de una narrativa mayor: el político tabasqueño está decidido a desmontar las múltiples y arraigadas estructuras de corrupción y clientelismo que los gobiernos federales del PRI y el PAN sostuvieron con especial aplicación. En particular, AMLO ha iniciado una batalla contra las prácticas históricas de agrupaciones especializadas en gestionar o “bajar” fondos federales para repartirlos entre sus agremiados.

Un ejemplo mayor de esas prácticas y de esa fuerte batalla por venir puede verse en el Movimiento Antorchista Nacional, creado en 1974 por el ingeniero agrónomo, Aquiles Córdova Morán, y particularmente impulsado por el ingeniero Raúl Salinas de Gortari durante el sexenio del hermano de éste.

Conocido también por el nombre de su expresión original, Antorcha Campesina, este movimiento suele realizar marchas multitudinarias, plantones prolongados y presión fuerte contra gobernantes a los que demanda recursos públicos para programas asistenciales administrados por el aparato político antorchista (y ya se preparan para ir contra AMLO).

En realidad, la política y la administración pública mexicanas están sumamente cargadas de ejemplos de uso discrecional y abusivo de recursos públicos para fines teóricamente nobles. Sin ir más lejos: mediante concesiones, exenciones, incentivos e incluso tramposas devoluciones de pago de impuestos, la élite empresarial se ha beneficiado históricamente del dinero público, arguyendo que lo recibido sirve para “promover el empleo”.

Y no se diga de los “moches” inmortalizados por legisladores, sobre todo panistas, especializados en conseguir recursos federales a municipios pero con un descuento porcentual a título de gestión política.

El caso de las estancias infantiles también está lleno de claroscuros. De manera trágica e inolvidable, la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, puso de manifiesto el esquema de asignación de fondos públicos para ese tipo de establecimientos operados por cercanos a las élites políticas. Un esquema reproducido en muchas partes del país.

Sin embargo, la supresión de la entrega directa de esos fondos a las estancias infantiles, mediante una autorización dada por cada beneficiario a través de un formato llamado C.C.1, ha generado un explicable revuelo, que han aprovechado personajes como Margarita Zavala Gómez del Campo (mmm, el segundo apellido suena conocido en el caso de la antes citada guardería de Hermosillo, Sonora) y algunos políticos priistas, pero también entre legisladores de Morena, a quienes preocupa el golpe práctico que significaría el paso anunciado por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien incluso se permitió sugerir que los fondos por entregar ahora directamente al beneficiario puedan ser utilizados para pagarle a abuelitos de los niños para que los cuiden.

Dos propósitos plausibles están en choque circunstancial y ha de desearse que a fin de cuentas ambos se cumplan: evitar corrupción y dar una adecuada atención institucional. Esa es una línea de trabajo que se mantendrá a lo largo de estos primeros años de acomodos y reacomodos obradoristas. Ayer mismo, en los ajustes, el Senado pidió que se mantenga para 2019 virtualmente el mismo presupuesto de 2018 para las estancias infantiles. Signos de los tiempos.

El presidente de la República estuvo en Iguala, Guerrero, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. En el contexto de actos públicos que encabezó, hubo demandas de pocas decenas de personas para que haya “justicia” para el ex presidente municipal, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes hasta ahora son los políticos o presuntos servidores públicos de más alto nivel que han sido encarcelados y procesados a causa de aquella dolorosa página de la desgracia nacional.

No hay nada que atenúe la responsabilidad de Abarca y Pineda en cuanto a la comisión de actos delictivos en el ejercicio del poder.