Un personaje de proclividad altanera como es el abogado panista, Diego Fernández de Cevallos, no tiene salida ante la evidencia de un comportamiento prolongadamente abusivo que le ha permitido dejar de pagar impuesto predial durante décadas en una de sus propiedades de gran valía económica (un rancho en el municipio Colón, de Querétaro) para finalmente aprovechar los beneficios de una legalidad discutible y cubrir una cantidad ínfima (más de doce millones de pesos) en comparación con el elevadísimo monto de adeudos, multas y recargos que un luego doblegable presidente municipal también panista había anunciado con supuesto aire justiciero (casi mil millones de pesos fue el adeudo inicialmente anunciado por esa autoridad que hacía como que ya se imaginaba en cuántas obras de interés social se gastaría el cúmulo de millones que el citado Fernández de Cevallos habría de cubrir).

Lo sucedido en el caso del rancho El estanco, en el Querétaro gobernado por otro panista (Pancho Domínguez), es un triunfo del cinismo pues, ciertamente, el leguleyo experto Fernández de Cevallos aprovechó las posibilidades que ofrece la normatividad vigente para reducir al máximo la cantidad a pagar. Pero no puede sostenerse como presunto crítico político, fustigador de opositores y declamador de presuntas virtudes de su bando partidista, alguien que durante casi treinta años se ha abstenido conscientemente de contribuir como buen ciudadano a la acumulación de recursos para que los gobiernos puedan cumplir con sus obligaciones en cuanto a obras y servicios.

Aún cuando pueda refugiarse en legalismos, el ciudadano Fernández de Cevallos ha sido un mal ciudadano y abusivo. Y, con esos antecedentes de incumplimiento cívico, los estertores de sus discursos supuestamente flamígeros quedan en mero recurso retórico para eludir sus obligaciones primarias.