A las seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos de este martes, Ricardo Anaya Cortés puso un video, ya editado, respecto a algo que había sucedido tres horas y unos minutos antes. El virtual candidato presidencial panista (falta la aprobación del Instituto Nacional Electoral), denunciaba en Twitter: “Este es el nuevo capítulo de la guerra sucia del PRI. A las 3:30 am, regresando de la gira de Alemania, me estaba esperando un grupo de choque para agredirme en el aeropuerto. Le exijo al PRI que juegue limpio y a la PGR y al Presidente que saquen las manos del proceso electoral” (https://goo.gl/fhViqt ).
En la correspondiente grabación se puede ver, durante quince segundos, a un reducido grupo de personas, principalmente mujeres, que muestran pancartas de protesta contra el político de derecha señalado, sin acusación formal de las autoridades federales, de lavado de dinero en una operación de venta de una nave industrial en Querétaro. El muy pequeño grupo muestra un desgano que no parecería proporcional respecto a las acusaciones anayistas de que detrás de esa madrugadora escena estarían el PRI, la PGR y Enrique Peña Nieto. Con una osadía que no le permitirían las bravas mujeres de los comités priistas o provocadores bien pagados, Anaya manoteó sobre sus pancartas, ante lo cual se mostraron huidizas, como si solamente estuvieran cumpliendo por compromiso algun montaje de comedia mal pagada.
El episodio permitió al viajero Anaya insistir en su posicionamiento como víctima del sistema, como perseguido político: “Por algo nos tienen miedo, no quieren que lleguemos”, dijo el habilidoso negociante de bienes inmobiliarios, a quien otro habilidoso manejador de dineros, el senador ebrardista, ahora en Morena, Mario Delgado, ha asestado otro golpe mediático al mostrar la residencia en que vivió la familia de Anaya en Atlanta, Estados Unidos.
Menor suavidad hubo en el trato que el gobierno federal habría dado al abogado Santiago Nieto Castillo, según éste ha relatado al Wall Street Journal. Nieto era titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el 20 de octubre del año pasado fue removido del cargo por instrucciones de Alberto Elías Beltrán, ocupante interino (que sigue en ese puesto) de la Procuraduría General de la República que, a su vez, había visto renunciar a Raúl Cervantes Andrade.
No se necesita un detective de novela para encontrar un hilo conductor en estos acontecimientos: el 16 de octubre de 2017, Cervantes Andrade dejó la PGR luego de anunciar que había concluido las diligencias relacionadas con las acusaciones de que la multinacional Odebrecht habría sobornado a políticos mexicanos, entre ellos al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien había sido coordinador de relaciones internacionales en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El renunciante Cervantes Andrade, al precisar que las indagaciones sobre el caso estaban concluidas, aseguró que en próximos días se harían las imputaciones correspondientes (lo que, a cinco meses, no ha sucedido).
El sucesor, a título interino, de Cervantes Andrade, apenas comenzaba a acostumbrarse a su nuevo escritorio cuando hizo cesar al fiscal de asuntos electorales, Santiago Nieto, quien insistía en ahondar en las acusaciones de que parte de los sobornos de Odebrecht habrían llegado a las finanzas de la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto. De un manotazo fue botado de esa fiscalía.
Ahora, Santiago Nieto (sin relación familiar con el ocupante de Los Pinos) ha revelado que un enviado de la secretaría de Gobernación de México (Jorge Márquez, quien ya no trabaja en Bucareli, como tampoco su entonces jefe, Miguel Ángel Osorio Chong) le ofreció dinero para que guardara silencio y se alejara del conflicto derivado de su expulsión de la Fepade. El exfiscal Nieto asegura que rechazó ese ofrecimiento económico. Luego, a su esposa le llegaron fotografías del exfuncionario con otra mujer y testimonios de correos electrónicos con textos de “coquetería” con otras mujeres. Hubo divorcio. También le enviaron mensajes con amenazas de muerte.
El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, ha recibido similar trato amable, parecido al dado por el peñismo al expediente Odebrecht, que en otros países ha provocado renuncias y cárcel a encumbrados funcionarios y exfuncionarios. La PGR ha sido benevolente con el otro Duarte, a pesar de las pruebas de que, siendo gobernador, creó un fideicomiso de más de 60 millones de pesos para capitalizar a Unión Progreso, una institución financiera, luego convertida en banco regional, donde el gobierno federal llegó a depositar más de 86 mil millones de pesos. Tan favorecida empresa particular terminó como propiedad del propio mandatario estatal tan generoso con ella. Ahora, la PGR ha solicitado no ejercer acción penal contra César Duarte ni su entonces secretario de hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral.
La secretaría de Marina ha puntualizado, con todas sus letras, el proceso de dominación de la vida electoral y política por parte del crimen organizado. Durante un foro organizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el contralmirante Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de esa secretaría, declaró que “los capos se convierten en algunos lugares en actores políticos de facto, con capacidad de influir en el sector económico y social; a veces, el capo llega a usar su influencia para apoyar alguna campaña política de algún candidato, de quien se espera alguna subordinación; en este caso, el capo socava la legitimidad del Estado, al mismo tiempo que gana impunidad para imponer su autoridad e influir en la vida de los ciudadanos, quienes ven debilitado al gobierno”. ¿Es necesario agregar algo a lo señalado por el contralmirante Barney? Y, mientras en días pasados Nayid Bukele, aspirante a presidir El Salvador, se refería de ruda manera a Enrique Peña Nieto, como hechura mediática y fracaso político, ¡hasta mañana!