No habrá un fiscal general con sana distancia respecto al poder presidencial (la “sana distancia” fue un término que usó el entonces presidente Ernesto Zedillo para expresar su declinación a seguir ejerciendo funciones de impositivo jefe político del Partido Revolucionario Institucional; dicha “sana distancia” permitió el fin del predominio priista en la Cámara de Diputados, la llegada del Partido de la Revolución Democrática y Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura del gobierno capitalino y la alternancia de siglas en Los Pinos, con Vicente Fox como experimento fallido).
Así fue como este miércoles el coordinador de Morena en San Lázaro dijo a Andrés Manuel López Obrador que “sus diputados” (valga precisar, aunque parezca reiterativo: el adjetivo adjudicaba la posesión al político tabasqueño) habían trabajado hasta la madrugada para entregarle los cambios legales suficientes en materia administrativa para avanzar en la Cuarta Transformación del país, ayer el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación que, en los hechos, deposita en las manos del propio López Obrador la designación de quien cumplirá tareas similares a las de la actual Procuraduría General de la República, pero con aspiraciones (solo teóricas) de autonomía real respecto a otros poderes o factores de poder real.
Con esa decisión senatorial se abaten los márgenes de eventual independencia del futuro fiscal general quien, como ha sucedido en las administraciones presidenciales anteriores, tendrá un compromiso político y laboral con aquel que lo colocó en tan alto puesto. Ese enlazamiento de voluntades partidistas o grupales con la asignación de cargos presuntamente independientes está en la raíz de buena parte de los problemas de funcionamiento institucional de órganos “autónomos” (casos conocidos, los consejeros de diversos institutos, como el Nacional Electoral, o comisiones, como la Nacional de Derechos Humanos, e incluso tribunales y la misma Suprema Corte).
En el caso de la fiscalía general hay un recorrido político de oposición a lo que se ha denominado un “fiscal carnal”. Enrique Peña Nieto pretendió imponer a uno de sus cercanos, Raúl Cervantes Andrade, como sucesor en automático de sí mismo, pues ya era titular de la Procuraduría General de la República (como premio de consolación porque EPN había buscado originalmente hacerlo ministro de la Corte) y, conforme a un artículo legal transitorio, pasaría a ser el nuevo fiscal, por nueve años, sin mayor discusión.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se completó el proceso ya prefigurado: con nueve votos a favor se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que no cumplió el año de aprobada y que, a pesar de haber estado vigente desde diciembre del año pasado, no fue aplicada en ninguna ocasión debido a un compromiso de Peña Nieto de no utilizar tales recursos mientras la citada Corte no decidiera si sus términos eran constitucionales o no.
En tanto, el inminente gobierno obradorista anunció ayer que contará con un consejo de asesores empresariales de primer nivel, con varios de los apellidos más significativos del mundo mexicano de los negocios aunque sin la presencia de Carlos Slim. Parece surrealista que algunos de esos personajes estén pasando de la lista negra llamada “La Mafia del Poder” a una consejería de buena voluntad que, según lo informado, fue solicitada por ellos mismos y aceptada por la futura Presidencia de la República. Significativo es el gesto si se recuerdan los clarines de guerra que sonaron durante el proceso de cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco y que fueron silenciados luego de la comida conocida como El Pacto de la Alcachofa.
Por cierto, el sepultamiento de la Ley de Seguridad Interior se produce mientras en el país se multiplica la polémica respecto al Plan de Paz y Seguridad del próximo gobierno, que implica de facto situaciones similares e incluso peores a las pretendidas por la citada LSI. El próximo secretario de seguridad pública y protección ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como otros destacados morenistas, hacen esfuerzos para tratar de que se entienda que no es militarización el darle más espacios, fuerza y facultades legales a los militares que ahora utilizarán el nuevo ropaje denominado Guardia Nacional.
En Brooklyn sigue siendo despedazado el sistema político mexicano y sus vertientes policiacas y militares. Las dos partes concurrentes en el escandaloso juicio que se realiza a Joaquín Guzmán Loera han coincidido en que los sobornos a políticos y fuerzas armadas han sido una práctica constante. La parte acusadora y la parte acusada hacen relatos que dejan a las series de relatos delincuenciales que están de moda como pálidos reflejos de una realidad apabullante, la del narco político dominante en nuestro sistema.