Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Ulises Ruiz Ortiz han sido acusados ante la Corte Penal Internacional por los delitos que en ejercicio del poder presidencial, en los dos primeros casos, y el gubernamental estatal, en el segundo, cometieron contra el movimiento social que en 2006 tuvo como referente organizativo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Un primer paso en busca de sanciones, que podrían llegar a la privación legal de la libertad de los dos ex ocupantes de Los Pinos y el ex gobernador, fue dado el jueves en La Haya, Holanda, por una representación de activistas y agraviados que, junto con la Comisión de la Verdad de Oaxaca y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, presentaron acusaciones contra los políticos antes mencionados. La Comisión fue creada por el congreso de Oaxaca (la integraron el sacerdote Alejandro Solalinde, el periodista Diego Enrique Osorno, Marina Jiménez y María Eugenia Mata como secretaria ejecutiva) y la Defensoría es un organismo público autónomo, que forma parte del Estado mexicano y su titular es Arturo Peimbert.

El proceso iniciado antier contra Fox, Calderón y Ruiz, tiene como característica que es la primera ocasión en que un organismo público, como es la Defensoría a cargo de Peimbert, demanda acción penal en esa Corte, con sede en La Haya, Holanda, contra servidores públicos de primer nivel. Usualmente son organizaciones no gubernamentales y personas en lo individual quienes comparecen ante dicha instancia para buscar castigo de personajes de poder público.

Hay, además, un factor que podría ser determinante en este proceso: las cámaras del congreso federal y la Presidencia de la República podrían (¿deberían?) pronunciarse al respecto y, si Palacio Nacional, Morena y su control legislativo, la llamada Cuarta Transformación, pues, coincidieran en que están fundadas las acusaciones contra Fox, Calderón y Ruiz, y así lo expresaran públicamente, darían velocidad y sustento a una sentencia de la Corte Penal Internacional que podría significar cárcel y otras sanciones a tales personajes.

El contexto político es favorable para un golpe obradorista: puede mostrar que promueve acciones de justicia contra ex presidentes, en específico contra dos que fueron panistas (VF y FC) y sin implicar al reciente priista (EPN, que goza de pactada impunidad) y puede entrampar al priista oaxaqueño (URO) que busca competir contra el negociado aspirante primorista a dirigir el Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, gobernador de Campeche apodado originalmente Alito y, ahora, socarronamente transformado el mote en “Amlito”.

Pero, más allá de esas consideraciones menores, AMLO y Morena deberían apoyar esta promoción judicial presentada en La Haya porque, de esa manera, estarán ayudando a combatir una tesis de fondo que presentaron en Holanda el ombudsman Peimbert, el periodista Osorno, Flavio Sosa (quien fue vocero de la APPO y fue encarcelado injustamente durante dos años en una prisión de alta seguridad), Emeterio Marino Cruz, César Mateos y Germán Mendoza Nube, quienes igualmente sufrieron la descarnada e impune represión en 2006.

Entrevistado en Radio Centro, Peimbert dijo que en aquel año de intensa lucha social se inició un “modelo de intervención violenta” contra movilizaciones y protestas que, bajo un manto de impunidad institucional e incluso en formas de alianza con grupos del crimen organizado, instalaron formas de control violento como las que luego sucedieron en Iguala, con los 43 normalistas, y en muchos episodios de represión desde el Estado.

La telenovela terminó. Cierto es que sus capítulos recientes no generaban mayor expectativa, pues el final estaba más que cantado. Pero el jueves Enrique Peña Nieto dedicó un almibarado párrafo de difusión pública para dar por terminado el contrato nupcial que sostuvo con Angélica Rivera, la actriz de Televisa que le acompañó en la aventura rumbo a Los Pinos y ya en la residencia presidencial, con el episodio de la Casa Blanca como uno de los más sonados.

Astillas: El poder obradorista no admite retrasos. Circunstancias peculiares impidieron, por falta de un voto, que se aprobara la reforma de la reforma educativa (la ref-ref) en pasada sesión postrera del Senado en periodo ordinario de sesiones. Tal impedimento ha de ser subsanado con rapidez: este lunes (y no el miércoles, como estaba programado), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorizará que se realice a la brevedad posible un periodo extraordinario de sesiones (podría iniciar el miércoles 8), para aprobar la ref-ref como originalmente se deseaba. Congreso exprés…

Equipo e instrumentos del popular grupo Café Tacvba fueron robados en la madrugada del jueves en un tramo de la carretera Puebla-Córdoba. Los conductores del camión de transporte fueron golpeados de manera brutal y privados de la libertad durante un lapso.

Café Tacvba tenía programada una presentación sabatina en Cancún, que se cumplió, según anunció el propio grupo. El vehículo fue encontrado el jueves mismo en un predio de Huixcolotla, Puebla, pero sin equipo ni instrumentos… Fotografías en redes sociales dieron cuenta de un presunto reparto de regalos a niños, en su día de celebración, en varios municipios de Veracruz por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El ineficaz gobierno morenista, encabezado por Cuitláhuac García, asegura que, en todo caso, el reparto se habría realizado sólo en un municipio. Ah, y que se va a investigar el asunto… El viernes, a las 10 horas, alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, campus Oriente, y otros universitarios, marcharon del parque de La Bombilla a la Torre de Rectoría de la UNAM, en protesta por el asesinato de la alumna Aideé Mendoza Jerónimo. Luego se programó una asamblea en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía… ¡Hasta el próximo lunes!