Gravísimo resulta el hecho de que la secretaria estatal del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, haya sido amenazada de muerte, luego de denunciar las irregularidades cometidas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la administración estatal anterior, en los despojos de predios e inmuebles en Tulum.

Sin embargo, salta que la funcionaria no haya presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General para iniciar las averiguaciones correspondientes y esclarecer esto que debe ser tomado con la mayor delicadeza y prioridad.

La declaración de la secretaria del Trabajo fue hecha ante los medios de comunicación en el marco de un evento encabezado por ella, en donde reveló que le han llamado para advertirle que no meta las narices en los asuntos que no le incumben, ya que de lo contrario “Se la va a llevar la …gada”.

El asunto, repetimos, es de suma gravedad y por lo tanto no se puede hacer una declaración así, sino presenta el número de averiguación previa con el que el Ministerio Público inicia las investigaciones.

No se puede poner en tela de juicio la veracidad de las afirmaciones hechas por tan importante funcionaria; sin embargo resulta elemental que sus aseveraciones sean bien fundamentadas.

Y no sólo eso, la misma secretaria del Trabajo, como cualquier funcionario del gobierno, deben ser los primeros en promover la cultura de la denuncia, a fin de que ningún delito quede impune.

Lo está en riesgo es su integridad física y hasta su vida, no basta hacerse acompañar por un cúmulo de agentes judiciales, sino que se debe requerir el inicio de las indagatorias.
Quintana Roo atraviesa por momentos sumamente delicados en cuanto a la seguridad, por lo que no puede tomarse esto a la ligera.