El pasado viernes el Congreso del estado instaló nuevamente una Comisión para la Atención a Grupos vulnerables también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, que desde legislaturas anteriores no se les ha tomado en cuenta con prioridad en sus Agendas legislativas con beneficios y soluciones a construir políticas públicas de cambio sin que sus procesos de vulnerabilidad social hoy estén respondiendo como familias, grupos en riesgo o como personas en situaciones de exclusión.
Mientras que la (CEPAL), define la vulnerabilidad como el resultado de la exposición a riesgos aunado a la incapacidad para enfrentarlos y adaptarse activamente, el Plan Nacional de Desarrollo la define como el resultado de la acumulación de desventajas a mayores posibilidades de presentar daños derivados de un conjunto de causas sociales o de características personales y/o culturales, ya que considera como vulnerables a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico que se encuentran en condición de riesgo, les impide su incorporación al desarrollo y al acceso a mejores condiciones de bienestar.
Aunque han sido poco los avances en esta materia, en 2012 el Índice de Desigualdad de Género (idg) reflejo una desventaja que experimentaban las mujeres de Quintana Roo respecto a los hombres en 3 dimensiones: su empoderamiento, su salud reproductiva, y el mercado laboral que evidenciaban una pérdida del desarrollo humano por la discrepancia entre ambos en dichas dimensiones, comparable en ese año a la de Argentina y Perú, haciendo que las condiciones de desigualdad de género fueran superiores a las de Europa y Asia Central, pero inferiores a las de América Latina, el Caribe y África Subsahariana.
Si el objetivo de este nuevo gobierno en relación a la política social será garantizar con “perspectiva de familia” el resarcir el tejido social, habrá entonces que considerar que familias incluirá en su agenda social y a que grupos vulnerables atenderá que no solo sean aquellos con enfoque de “familia convencional” que como siempre son niños, adolescentes, abuelitos y personas con discapacidad, porque hay otros más que por su multiplicidad de problemas se les deberá resolver y no solo prometer como los de las mujeres violentadas, los refugiados, personas con VIH, personas LGBT, personas con alguna enfermedad mental, los migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos, pero sobre todo aquellos grupos alimentariamente que por definición viven en condiciones de pobreza extrema sin poder adquirir alimentos para el desempeño de sus actividades económicas, sociales y familiares sin poder cubrir sus necesidades básicas de salud, vivienda y educación.