Me llama poderosamente la atención que, a diferencia de otras épocas en las que la autoridad negaba la existencia de fallecidos en las acciones de represión pública violenta o cuando menos maquillaba a la baja las cifras, en tiempos actuales sea ella misma quien dé certeza coincidiendo con los datos ofrecidos por los activistas. En Oaxaca ha reconocido que no fueron cuatro ni seis los muertos sino ocho.  Frente a la evidencia ya no niega el uso de las armas. En todo caso cuestiona que los agredidos no eran maestros (lo que seguramente los hace muertos con menos valor) y asienta con toda seriedad que hubo bajas de ambos lados. Como un parte de guerra.

Si soltamos el ataúd, sin dejar de indignarnos, y vemos los hechos de Oaxaca en perspectiva nos damos cuenta que la violencia oficial en contra de los movimientos sociales está totalmente institucionalizada. Forma parte del “sistema” que no únicamente los asimila sino que ya los asume como parte de una circunstancia que el Estado debe resolver en acciones focalizadas para que no contaminen al todo.

Los antiguos gobiernos priístas lo hacían y escondían la mano, viviéndolo con culpa silenciosa y esquizofrenia, tratando de tapar la realidad a golpes de políticas populistas. Ello a pesar de la lección que Díaz Ordaz quiso dejar asumiendo la responsabilidad de Tlatelolco con la conciencia tranquila de haber hecho un gran servicio al país.

Hoy la lección se aplica: parar la crisis de lo que se califique como ilegal y subversivo sin miramientos ni culpas. Aunque se les pase la mano. El “sistema”, que ya no es patrimonio priísta sino multicolor, ha podido sortear otras tantas, las engulle, se las traga, pasando recientemente por Tlatlaya y los más pesado, incluso internacional, que ha sido Ayotzinapa. Veremos si el control de daños también logra poner en la pila de las estadísticas a los ocho de Oaxaca.