Virginia Próspero
Quintana Roo Hoy
El dirigente estatal del PAN, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que en cuanto se publiquen las reformas aprobadas este fin de semana por el Congreso, mediante diversos recursos serán combatidas para que no surtan efecto.
Consideró que en primer lugar, dentro de la serie de nombramientos que se llevaron a cabo entre el viernes y sábado de la semana anterior el más cuestionado es del magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, debido a que no goza de buena fama e incluso el PRD presentó un amparo para detener el proceso para su designación.
“En Quintana Roo ya ha habido un caso: Cuando se revocó el nombramiento de Carlos Soberanis al frente del Instituto Electora, el Tribunal Electoral Federal decidió cesarlo, precisamente porque no gozaba de buena reputación. Precisamente para los que crean que una buena reputación se logra con una ida a un salón de belleza, pues fíjense que no… En el caso del señor Lima la mala fama es precisamente su mala reputación y se puede atacar ante la Suprema Corte de Justicia”, aseguró.
Otro caso que consideró que se puede revisar es el nombramiento de Arturo Álvarez Escalera como Fiscal de Justicia, porque dijo que al igual que ocurrió con los magistrados debió nombrarse una terna para que de entre los aspirantes se pudiera elegir al mejor candidato y no sólo cambiar el nombre de la dependencia.
La intención de crear la Fiscalía y dejar que ésta responda al Poder Legislativo en lugar del gobernador en turno, es para que sea autónoma. Pero en Quintana Roo, al permanecer en el cargo Álvarez Escalera y en caso de que se inicie una investigación sobre las actuaciones de los dos últimos dos gobernadores habría un conflicto de interés, por lo que se puede combatir o por lo menos, pedir que se reponga el procedimiento, y la siguiente administración que encabezará Carlos Joaquín González pueda determinar quién ocupará el cargo.
Martínez Arcila, agregó que otro aspecto que fue opacado por los anteriores casos, es que al reformarse la Ley de Seguridad Pública, ahora el gobernador saliente podrá tener guardaespaldas hasta por 15 años o el tiempo que lo considere y en el lugar donde determine residir, aún si esto es en el extranjero; además de que su exesposa e hijas también tendrán vigilancia personal.
“Algo que es realmente es escandaloso y se perdió entre el tema de los magistrados, el auditor superior y el Fiscal es el tema de la Ley de Seguridad Pública y los 15 años, que no sólo son 15 años sino el tiempo que quiera disponer el gobernador y dónde quiera residir, porque si se va al extranjero se va a llevar a todo el contingente”, afirmó.