La prevención del delito no consiste exclusivamente en acciones policiales, como se concibe en muchos ámbitos. También está vinculada necesariamente a políticas públicas. El reto es diseñar y ejecutar esquemas dinámicos de prevención, partiendo de programas de trascendencia e implementando acciones para enfrentar la criminalidad que es un mal que amenaza con formar parte indisoluble de nuestra vida cotidiana. El fenómeno de la delincuencia en México tiene dos componentes principales: la debilidad institucional y la marginación social. Por un lado, las instituciones gubernamentales no están diseñadas para enfrentar adecuadamente este flagelo o han sido incapaces de articularse de manera eficaz para combatirlo; y por otro lado, los índices de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades han contribuido a incrementar los factores de riesgo.  es una realidad y lo preocupante aquí es que las responsabilidades tanto de la seguridad, esta diluida y compartida entre autoridades estatales, federales y municipales. Solo cuando hay una gran coordinación entre ellos se logran resultados relevantes en las comunidades, pero cuando surge el celo político el único que paga el saco roto son los ciudadanos. Para tener una disminución en delitos las autoridades primeramente deben de implementar acciones coordinadas de los tres niveles de gobierno para atender los factores que detonan la violencia y la delincuencia, tales como la falta de acceso a servicios básicos, la carencia de vivienda digna, la situación de calle, la desintegración familiar, la educación nula o insuficiente, la drogadicción y la falta de espacios seguros. La manifestación efectiva de la actividad preventiva es urgente en nuestro Estado, ya que el constante crecimiento de la población, especialmente en la zona norte del estado, la crisis económica mundial y el aumento del desempleo, ha traído un déficit entre los servicios públicos que se prestan y la población que los requiere.