Si hay un espacio de opacidad y fractura en algún punto de nuestra constitución, éste es el del sistema penitenciario. De acuerdo con expertos, las cárceles de todo el país representan la crisis del sistema de justicia que hay en México, pues ahí se reproduce, a manera de un “microcosmos”, toda la cadena de corrupción e impunidad que transita, desde la procuración de la justicia hasta su impartición. Muy pocas personas confían en la capacidad y la ética en la actuación de las policías, de los Ministerios Públicos y de los jueces; y los tres ámbitos, es decir, la seguridad pública, la procuración de justicia y la impartición de justicia enfrentan una percepción ciudadana que apunta hacia la ineficiencia y la corrupción. En el caso de Quintana Roo desde hace muchos años se sabe que existe una deficiencia en el tema carcelario, hacinamientos, autogobiernos y nulos programas de reinserción, que se supone es uno de los objetivos que se tiene para poder reintegrar al presunto delincuente a la sociedad. Por ejemplo la cárcel pública de Cancun y el CERESO de Chetumal son dos sitios que necesitan urgentemente una ampliación ante el gran número de internos los cuales generan un alto costo de manutención para el estado.  En México existen 418 centros penitenciarios 306 son de operación y responsabilidad estatal; 90 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 12 lo están a la Federación; y uno al Distrito Federal, en los cuales, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfrentan una severa crisis de incumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. La CNDH sugiere que es urgente llevar a cabo profunda reforma al sistema penitenciario, como parte de la estrategia nacional de prevención del delito pues, al abandonarse la prioridad de la reintegración social, se da la espalda a la posibilidad de su libertad puedan reincorporarse a una vida apegada a la legalidad.