Las carreteras son trampas mortales, sea por las vialidades inadecuadas, caducas y sin mantenimiento –sobre todo en cuanto hace a los señalamientos–, o por la aparición de retenes falsos o de bandas de asaltantes y/o secuestradores en puntos específicos, trazados de antemano con la complicidad de las autoridades, como igualmente se trazan las rutas para el narcotráfico basándose en el engaño de confiscar lo menos para aparentar lo más. Y, desde luego, no son pocos quienes reciben sus compensaciones en los días de aceleramiento de la corrupción.

Pareciera que funcionarios y mafias –¿o son lo mismo?–, tienen prisa, y mucha, para acrecentar sus enormes fortunas al calor de las complicidades mayores y con la anuencia del titular del Ejecutivo que, con ello, busca generalizar su propia inclinación hacia los bienes materiales ensuciando a sus colaboradores y a la mayor parte de los gobernadores del país, con manos libres para ejercer el poder en beneficio propio y al calor de sus progenitores como en Nuevo León –en donde El Bronco duerme la siesta aún–, Jalisco, la tierra de Aristóteles a donde no ha llegado todavía Platón, o Quintana Roo, el antiguo paraíso en el que ya se analiza la posibilidad de aprobar una iniciativa de ley para legalizar que se le corte la lengua a los críticos del exmandatario prepotente; Roberto Borge Angulo, quien dejó tal legado a su sucesor, Carlos Joaquín González, nacido en Mérida por cierto.

Pero ninguno de los gobernadores en trance final o de reciente finiquito se ha enterado de la inevitable perentoriedad de sus mandatos y, por ende, del cese de su blindaje. ¿O habrán negociado, de antemano, con el poder federal para cobijarse bajo la impunidad dominante y sencillamente poder alejarse sin el menor agobio, como cuantos dejaron de ser gobernadores en 2015 y 2016, sin ser siquiera molestados con alguna auditoría?