Agencia SIM / GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- Salomón Araujo Díaz, taxista de 61 años de edad, 24 de ellos al servicio del sindicato “Andrés Quintana Roo”, inició una huelga de hambre frente al Palacio Municipal de esta ciudad para exigirle a su gremio la indemnización que le corresponde por invalidez.
El inconforme indicó en entrevista que, desde el 2005, cuando Víctor Viveros Díaz era secretario general del sindicato, le diagnosticaron una enfermedad renal originada por las largas jornadas de trabajo, por lo dejo de trabajar por un tiempo y le concedieron una prórroga para el pago de sus cuotas sindicales.
Sin embargo, en el 2008, el sindicato lo dio de baja definitiva y desconoció su expediente iniciado por invalidez, argumentando que no cumplía con los documentos que acreditaran su ausencia, por lo que tuvo que presentar nuevamente toda su documentación para ser reintegrado.
Pese a su grave estado de salud, regresó a trabajar y continúo pagando sus cuotas sindicales, incluso, indicó que el líder de los taxistas en este entonces, Manuel Pérez “Manolo”, le sugirió que dejara de trabajar y que se buscara otra fuente de sustento, “nada más asó de palabra, quería que yo perdiera el tiempo que tengo trabajando”.
“Eso no es de ahorita, ya es maña que quieren extorsionar al operador y si se pueden quedarse con el dinero y no darte nada, lo hacen”, expresó el taxista.
El taxista inconforme precisó que ya recurrió a Junta local de Conciliación y Arbitraje, donde le dijeron que no podían hacer nada, a pesar de que cuenta con un documento que avala que ya no puede trabajar, posteriormente recurrió a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde obtuvo la misma respuesta, debido a que es un tema sindical.
“Es intocable (el sindicato), eso quiere decir”, reprochó el quejoso, quien ya ha tenido que recurrir anteriormente a diversas manifestaciones para exponer su caso.
Salomón Araujo Díaz, instalado en una manta frente al Palacio Municipal, rodeado de cartulinas con mensajes alusivos a su caso, llevaba consigo una serie de documentos, entre los que figuran escritos dirigidos a la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando su intervención, así como el certificado médico en el que se indica que él ya no puede laborar como taxista.
Cabe señalar, que el pasado 20 de febrero, Araujo Díaz cerró parte de la circulación de la avenida Tulum como forma de protesta, hasta donde acudieron representantes del sindicato y funcionarios del Ayuntamiento para mediar la situación.
Ahí, Raúl Armando Lara Quiñones, secretario del Fondo de Defunción e Invalidez del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, argumentó que el documento presentado por el quejoso donde su médico explica el diagnóstico de su enfermedad no equivale a un certificado de invalidez, “que es lo que el sindicato pide para la autorización de los recursos”.