“La Auditoría Superior de la Federación ha señalado reiteradamente los problemas de desviación de recursos del Seguro Popular por parte de los gobiernos estatales.” Cuando uno ve reportada esa frase supondría que el corte de caja tiene consecuencias. Pero no, no pasa nada; se queda en la crónica inútil del vigilante frustrado que ve pasar el atraco frente a sus narices. ¿A dónde van a parar los recursos que debieron utilizarse para atender la salud de los más necesitados? Al saco infinito de la impunidad que todo lo absorbe y lo cobija.

Poniendo el tema de la salud como una prioridad social, el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, se creó en 2003 con el fin de hacer llegar recursos adicionales a los gobiernos de los estados para subsidiar la demanda de la población sin afiliación a la seguridad social. Es un sistema de financiamiento cuya prestación del servicio es responsabilidad de los gobiernos estatales por medio de los centros de salud y hospitales de los Servicios Estatales de Salud. Noble intención que no se satisface a cabalidad porque los gobiernos locales no cumplen el trato. No es cualquier cosa: para 2016 el presupuesto federal les asignó casi 158 mil millones de pesos en todo el país. Una razón más que explica por qué los partidos que hacen la gran mayoría legislativa se siguen haciendo los desentendidos con la transparencia y la rendición de cuentas.