Hace unos momentos, en redes sociales vi un escrito de conocida colega, en el que se afirma que el gobernador electo, Carlos Joaquín González “está de acuerdo en hacer públicos los montos, nombres de proveedores y conceptos en los convenios de publicidad oficial que su gobierno firme con los medios de comunicación”.

Y agregó que “los medios deben servir para difundir muchos de los programas y proyectos que el gobierno tiene. Para eso son los convenios, para hacer esa difusión, no para buscar impunidad”.

Creo que la opinión del próximo mandatario obedece a la grosera relación que aún existe entre el Gobierno Estatal y algunos medios, en el que prevalece un enjuague entre extorsión con represión, nula libertad de expresión y un excesivo gasto para imponer criterios, sin rozar con la verdadera función de los medios de comunicación.

Esto es cierto y la sociedad espera que termine esa nociva relación; pero de hecho habría que precisar que ni gobierno del estado ni ningún otro, tiene la obligación de firmar convenios de publicidad con medio de comunicación alguno.

Y es que los medios tienen la función de difundir la información que del gobierno, porque parte de sus funciones es formar ese vínculo entre la autoridad y la sociedad.

No con esto se debe asumir una postura en contra de los convenios, al contrario, proponer esto sería enviar a la hoguera muchos medios en un país en donde el número de lectores es ínfimo y, por ello, un periódico es cada vez menos atractivo para la publicidad empresarial.

La sociedad está consciente de la forma en que se llevó al extremo esa relación gobierno-medios y el gobernador electo sabe la imperiosa necesidad de corregir estos excesos, para privilegiar la sana distancia entre uno y otro.