Colombia, querámoslo o no, es un referente –no muy bueno– para cuanto ocurre en México. Una prueba la tenemos en el asesinato del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, perpetrado por el dantesco cártel de Medellín, en 1989. El aspirante presidencial del neoliberalismo, encuadrado en el Partido Liberal, fue victimado durante un mitin en Soacha, municipio de Cundinamarca, cuando iniciaba su discurso. La acción fue tan burda como la impunidad que cubrió largamente a sus ejecutores, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el principal de ellos, quienes continuaron sus acciones brutales.

Por ello reviste la mayor importancia el hecho de que los colombianos, castigados severamente por la violencia durante décadas, en su mayoría, hayan votado por el “no” respecto a los difíciles tratados de paz firmados por el presidente Juan Manuel Santos y la comandancia de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC), con la anuencia de varios mandatarios de izquierda. El “no” fue una condena evidente contra la subversión y su cauda de asesinatos de inocentes que no pueden olvidarse en la conciencia de quienes los sufrieron velando a familiares y amigos acribillados o secuestrados hasta su extinción.

Detrás de esta decisión en las urnas se anota la actividad de ex presidente y senador Álvaro Uribe, quien fuera promotor del actual presidente Santos, acaso porque éste no pudo encontrar una salida adecuada para frenar la oleada de terror bajo la alta marea del narco-terrorismo, proveedor muchas veces de la guerrilla definida como la “MR20”, que llegó a ocupar, en una masacre sin precedente, el Palacio de Justicia de Bogotá durante una terrible jornada de veinticuatro horas, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.