Prometió en campaña revisar bien las cuentas públicas si ganaba y de encontrar algo indebido se aplicaría la ley caiga quien caiga, “estamos dispuestos a actuar en cualquier caso de corrupción”. No habría impunidad para los malos manejos de la administración anterior.

Me refiero a la gobernadora de Sonora, la priísta Claudia Pavlovich, en relación a la cuestionadísima gestión de su antecesor el panista Guillermo Padrés. Un año después, la ahora gobernadora sigue exigiendo que la autoridad responsable proceda a hacer justicia. Un par de días atrás ha dado profusa difusión a un video y a una carta suyas demandando a la PGR celeridad en sus acciones. Las pruebas están dadas para cortarle la cabeza, aseguran.

“Actualmente la PGR tiene varias investigaciones en curso contra Guillermo Padrés, por lavado de dinero, operación con recurso de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia.” (Excélsior) La cabeza la conserva en su lugar.

¿Por qué no se la cortan si está la guillotina puesta? Se lo están guardando. El PAN presiona para evitarlo, desde luego, pero se lo están guardando. Si se la conceden a la gobernadora (que está intensificando su presión justo ahora) para que le cumpla a sus electores, será en el marco de ese pacto nacional que se dice que ya no existe pero que ahí sigue funcionando. Es decir, el PRI tendría que entregar, por lo menos, una a cambio. Porque en ese pacto, que en general es de impunidad, no existen responsables ni culpables para una justicia neutra, sino chivos expiatorios para cuando se necesitan.

¿Quién será? Están apuntados los gobernadores salientes de Veracruz, Chihuahua, Durango y Quintana Roo. Se valen quinielas.