El Ejército es una de las instituciones mexicanas que más inspira confianza en la población. Pero los casos a violaciones a derechos humanos en los que han estado implicados elementos del ejército, ponen en entredicho esa confianza como el de tortura en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, así como el del General del Ejército Mexicano en Chihuahua que fue sentenciado a 52 años de prisión por el delito de tortura, homicidio y la incineración de un cadáver de manera clandestina.

Ante ello, los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales deben velar que el Ejército lleve a cabo sus funciones de manera eficaz y garantista. Y esto lo comento a propósito que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron recientemente la reforma al Código de Justicia Militar y por el que se expide el Código Militar de Procedimientos Penales para estar en concordancia con los juicios orales, faltando solo la promulgación por el Ejecutivo Federal.

El dictamen contiene una serie de cuestiones que preocupan e incluso la misma Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México envió sus observaciones al Senado.

En principio hay que apuntar que el código, se refiere únicamente a delitos contra la disciplina militar. Sin embargo en esta reforma se advierte una serie de invasiones a las esferas de competencia respecto a los juzgados federales y locales, porque plantea dar a la autoridad militar la posibilidad de catear domicilios (previa autorización de juez militar), además de intervenir las comunicaciones privadas. Los cateos incluso podrían hacerse a sedes públicas como las del Congreso de la Unión, organismos públicos autónomos, entre otros.

El artículo 13 constitucional señala que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, por lo que la reforma afectaría los derechos a la seguridad jurídica y a la administración de justicia.

En 2014 las autoridades mexicanas dieron un paso importantísimo para que los soldados que violaran derechos humanos de civiles fueran juzgados en tribunales civiles. Por lo que extraña que se dé un paso atrás con esta reforma.

Hombres y mujeres del Ejército día con día ponen en riesgo sus propias vidas. Sabemos que entre sus filas hay héroes anónimos. Por lo que no podemos permitir que se denigre a esa institución que ha sido orgullo de todas las mexicanas y mexicanos. Así que el esfuerzo debe ser el de apuntalar el marco normativo a fin de que las fuerzas castrenses se conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos y no involucionar en una fuerza represora.