La decisión de la Comuna de Puerto Morelos tendiente a firmar convenio con la paraestatal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo (CAPA) que cancela de facto el servicio que presta la concesionaria Aguakán, representa tan sólo el primer revés para la empresa de capital francés y al mismo tiempo, “la receta” para que los demás Ayuntamientos, cuyos ciudadanos padecemos el abuso y servicio deficiente, comiencen a trabajar en la cancelación de sus concesiones.
La última concesión otorgada a Aguakán (Solidaridad), fue instruida desde el despacho del Ejecutivo estatal durante la hoy cuestionada administración de Roberto Borge; es decir, fue de su muy particular interés que Mauricio Góngora garantizara el voto a favor del Cabildo en pleno, aún y cuando la operación de la CAPA en Solidaridad estaba generando el mejor de los negocios para estatales, es decir, CAPA fue, en todo momento, una empresa eficiente que garantizó el pago puntual de los ciudadanos, la inexistencia de conflictos por cobros excesivos, quejas por operación deficiente; vamos, que aportó sólo números negros a la administración pública estatal.
Entre los varios temas que no ha abordado la administración municipal de Solidaridad, está el relativo al servicio de Aguakán, el cual se caracteriza ya por las quejas ciudadanas, principalmente por cobros excesivos, deficiencia en la prestación de servicios, cancelación del servicio de manera arbitraria y anticonstitucional, y un absoluto desprecio por el ciudadano.
Es interesante que, aún y cuando éste fue un tema de muchas campañas políticas, si hubiera el interés de la administración pública por darle el seguimiento a las denuncias ciudadanas, tendría elementos más que suficientes, no sólo para respaldar la cancelación de la concesión, además obligaría a la empresa a resarcir daños por mucho más de lo que podría cobrar por conceptos que, ni siquiera se ha demostrado que sean legales.
Está claro que la empresa pretendería recuperar los mil 080 millones de pesos que pagó a la administración estatal anterior, sin embargo, ésta no es una operación comercial entre particulares. En principio, habría que determinar el destino de ese monto, pero además hay que insistir: no es una operación de carácter lícito que la administración estatal reciba un monto -cualquiera que sea éste-, por concepto de la ampliación de la concesión de Aguakán, una concesión que, dicho sea de paso, es del exclusivo interés jurídico de los municipios, con base en el inciso a) de la fracción III del artículo 115 Constitucional.
Es evidente que la continuidad de la concesión a Aguakán en algunos municipios es compromiso e interés del edil en turno, aún y cuando la ciudadanía lleva muchos años exigiendo que se cancele la concesión; por ello, ahora resulta que si acude un ciudadano a solicitar que Aguakán cancele el servicio que le presta, el personal de esa empresa
advierte que “es imposible”; claro, el peor de los fantasmas para Aguakán es el derecho individual de cada ciudadano de cancelar el servicio con la concesionaria.