México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral, conformado por las zonas marinas nacionales que comprenden los océanos Pacífico y Atlántico, además de más de 3 millones 149 mil kilómetros cuadrados de aguas territoriales, los cuales se distribuyen a lo largo de diecisiete entidades federativas de la República Mexicana.
Además de contar con un extenso litoral, nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre los países de mayor biodiversidad, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. El Instituto Nacional de Pesca estima en alrededor de 1,200 las especies marinas con potencial valor comercial en las aguas nacionales, de las cuales son aprovechadas más del 20 por ciento.
En México la producción agroalimentaria se ha visto sobrepasada por el incremento poblacional. La producción nacional es insuficiente para satisfacer el consumo interno y por ello se depende cada vez en mayor proporción de la importación de alimentos. Según datos de SAGARPA, las importaciones acuícolas y pesqueras mexicanas en 2013 tienen un valor de 493 millones de dólares. En contraste, las exportaciones en este mismo rubro fueron únicamente de 1.3 millones de dólares.
No obstante, la producción pesquera nacional, a pesar de su rezago y limitada inversión, puede y debe convertirse en un importante factor de crecimiento, así como impulsar a los recursos pesqueros como una fuente primordial de proteína de consumo nacional. Para ello es necesario promover una transformación de visión, e implementar una serie de medidas que posibiliten la transformación del sector.
Y para ello, los que integramos la Comisión de Pesca y Acuacultura, presentamos ante la Cámara Alta, una iniciativa en la que se pide reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con la finalidad de garantizar la sustentabilidad de los productos pesqueros, así como la distribución equitativa de estos y para ello, se requiere un ordenamiento jurídico que considere las mejores prácticas a nivel internacional.
De aprobarse esta propuesta, se tendrían tres grandes beneficios, el primero sería un mayor rendimiento económico y mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros en el largo plazo, asegurando dejar la cantidad suficiente de biomasa en el mar, para que no se ponga en riesgo la viabilidad de la especie.
En México, tenemos la posibilidad de que la actividad pesquera sea un motor de desarrollo económico para más de 272 mil familias que viven directamente de la pesca.