Jesús Vázquez

Como improcedente califica el gobierno federal la demanda compensatoria de 1,900 millones de dólares que reclama la firma Vulcan Materials por la clausura y ocupación de la mina Sac-Tun (antes Calica) y el muelle de Punta Venado en Playa del Carmen.

Así se lee en la contestación oficial que el gobierno mexicano ha hecho llegar al Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde se ventila este arbitraje promovido por la firma estadounidense.

En una larga contestación de 195 páginas, el gobierno mexicano asegura que el CIADI carece de jurisdicción para pronunciarse sobre las reclamaciones de la empresa, pues ésta alude a acciones supuestamente violatorias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ocurridas en 2022, es decir, dos años después de que dicho acuerdo había sido sustituido por el Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El gobierno mexicano acusa además a Calica de “no tener las manos limpias” para reclamar violaciones a la normativa ambiental, cuando las clausuras aplicadas a sus predios en Playa del Carmen se debieron a que no tenía las autorizaciones ambientales necesarias para poder operar la extracción de piedra caliza en el predio La Rosita.