No hay que menospreciar la batalla circunstancial de bancadas opositoras al PRI para restituir en su cargo de fiscal para delitos electorales al súbitamente cardinal Santiago Nieto Castillo. Del desenlace de este forcejeo partidista dependerá una parte de la credibilidad y viabilidad de los comicios de 2018, cuando lo más putrefacto del sistema intentará sostenerse en el poder al costo que sea. Pero tampoco hay que sublimar (solo) el episodio actual, sobre todo si se recuerda que el sistema de designación de ciertos fiscales, comisionados, consejeros y funcionarios varios de la gama “autónoma” ha sido el del reparto de esos cargos, por cuotas, entre miembros de varios de los mismos partidos que ahora objetan el caso específico del mencionado Nieto Castillo. Parafraseando: partidos necios que acusáis al sistema de cuotas…

La batalla trascendente se daría si esos mismos partidos (sobre todo Acción Nacional y el de la Revolución Democrática) fueran capaces (con el apoyo de Morena) de instalar en esa fiscalía a un abogado absolutamente alejado de banderías partidistas, en un ejercicio que diera pie a posteriores designaciones, igualmente desprovistas del ánimo bucanero, de otros cargos “autónomos” o de interés público clave. En tanto no se corrijan esos vicios de fondo, las reyertas por nombres y apellidos pueden terminar beneficiando justamente esa histórica proclividad de los “opositores” al priismo al arreglo mercantil subterráneo, a la convalidación de figuras hoy consideradas valientes y retadoras al sistema pero mañana tal vez nuevamente aglutinadas al poder. Mientras la “valía” de los funcionarios dependa de su absoluta discrecionalidad, el curso futuro de sus conductas dependerá justamente de esos criterios personalísimos.
En el plano inmediato, es aparatosa y simbólica la pelea por restituir a Nieto Castillo en su fiscalía. Dos de los principales partidos (PAN y PRD) que acompañaron a Enrique Peña Nieto en el proceso de reformas “estratégicas” llamado Pacto por México, hasta hace algunos meses aplaudidores del gobierno federal, aliados y cómplices, encabezan una escaramuza o revuelta (ya se verá el nivel que alcance) que pretende impedir un reacomodo en la PGR para facilitar el siguiente fraude electoral. Permitir que se descabece la fiscalía de delitos electorales, para proteger a Peña Nieto en el rubro candente del financiamiento corrupto a su campaña de 2012, equivaldría a permitir desde ahora la repetición de las maniobras clásicas del peor priismo.
El fraude por venir, en todo caso, tiene como signo distintivo el mismo que se ha visto desde la precampaña del entonces gobernador del Estado de México, el antedicho Peña Nieto, hasta los recientes y altamente indicativos comicios de esa misma entidad emblemática (con el PRImazo Alfredo como heredero designado): dinero, dinero y más dinero. Recursos públicos, a través de secretarios de estado y funcionarios de alto nivel volcados con absoluto descaro al favorecimiento de los candidatos priistas; y financiamiento privado, a través de “donaciones” mafiosamente obtenidas de empresarios que, por lo demás, en su élite suelen estar sumamente dispuestos a esas maniobras que dan muchas ganancias a ambas partes; y, desde luego, el dinero de origen oscuro, o demasiado claro, el del crimen organizado que constituye ya un elemento pleno del ejercicio de poder y de las vías mafiosas para hacerse de éste o mantenerse en él.

Proteger a Emilio Lozoya no es solamente proteger el pasado, es decir, la muy ostentosa campaña peñista de 2012, ni impedir que pueda haber sanciones legales (¿decididas e impuestas por cuál autoridad libre y soberana?) que podrían llegar en caso extremo a la cancelación del registro del PRI o a una enorme multa. Proteger a Lozoya es proteger el futuro inmediato, las elecciones de 2018, en las que el sistema hoy identificable como atlacomulquense pretenderá imponerse a sangre, fuego y ríos de dinero.
Odebrecht es el santo y seña de la samba que hoy bailan, descuadrados, los financiados de 2012 que preparan el financiamiento de 2018. Odebrecht, al igual que Higa y OHL, entre otras firmas de alta capacidad corruptora, fueron fuente nutricia de operaciones electorales de carísimo costo. El fraude electoral calderonista tuvo una variedad de factores, entre ellos el cibernético, con el hermano Hildebrando como operador, pero el peñista se decantó por la fuerza arrasadora del dinero en efectivo o manejado a través de tarjetas plásticas. Por ello, defender hoy la impunidad en el caso Odebrecht, convertir a Lozoya incluso en ofendido pato tirándole a las escopetas justicieras y retirar al fiscal electoral crecientemente incómodo, el mencionado Castillo Nieto, son un prólogo del libreto por venir.

Pero, reconquistar la tierra sagrada de la Fepade no sería, en ese esquema de intereses mayúsculos, más que una refriega incluso convalidatoria. El resto del aparato institucional que organizará y juzgará el proceso electoral está marcada y abiertamente comprometido con los mismos intereses que llevaron a sus cargos a quienes hoy ocupan las consejerías del Instituto Nacional Electoral, comenzando por el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, convertido en una pieza más del engranaje pinolero, y siguiendo con los magistrados del tribunal electoral federal que, como otros segmentos del poder judicial federal, están conformes con la continuidad del actual sistema.

Astillas: De entrada, resulta interesante el planteamiento de Carlos Slim: asignar a las familias, tal vez a las amas de casa, como salario, el gasto social que hasta hoy ha sido manejado con notables índices de corrupción. ““El gasto social y los programas de gasto social deben revisarse. Algunos de ellos tienen una estructura burocrática, hay corrupción y clientelismo”, dijo el máximo multimillonario mexicano, en un encuentro de negocios celebrado en San Luis Potosí, cumbre de grandes beneficiados de la desigualdad y la corrupción mexicanas, que buscan alternativas que eviten el desfonde del sistema… ¡Hasta mañana!