Reyertas políticas y danza de miles de millones de pesos, con las definiciones electorales de 2018 como telón de fondo.

En la asamblea legislativa de la Ciudad de México se enfrentaron perredistas y morenistas, por inconformidades de forma y fondo respecto a la aprobación del proyecto de la administración de Miguel Ángel Mancera de una planta de termovalorización que endeuda a la capital del país por décadas, para convertir la basura que no pueda ser reciclada en energía para las líneas del Metro.

Ese proyecto ha sido puntualmente rebatido por Green Peace y varios grupos ambientalistas, pues añadirá grados de contaminación a una urbe gravemente afectada por la polución y arrojará al aire metropolitano material particulado (dioxinas y furanos) que la Organización Mundial de la Salud considera potencialmente dañino.

En junio del presente año, Green Peace México manifestó que la construcción y puesta en marcha de la citada planta de termovalorización de residuos sólidos urbanos “sepulta la posibilidad de minimizar las altas cantidades de basura que se generan diariamente, y de reducir la contaminación del aire”. Además, “este proyecto ancla a la capital del país -por lo menos durante los siguientes 30 años-  a un modelo de gestión de residuos que se enfoca en suministrar a la planta de termovalorización grandes tonelajes de basura para que esta pueda operar y generar energía eléctrica suficiente para abastecer a las 12 líneas del metro de la ciudad, lo cual coloca en entredicho las políticas de separación y reducción del gobierno de la CDMX” (la declaración completa, con cuatro puntos negativos en específico, y la copia del contrato conseguido por la vía de las solicitudes de transparencia administrativa, en https://goo.gl/7zv897 ).

Conforme a las mantas de protesta presentadas ayer por Morena en el edificio de Donceles, el proyecto, llamado El Sarape y a realizarse en el Bordo Poniente de la ciudad, implicaría un negocio favorable al jefe del gobierno, Mancera. La copia del contrato, cuya copia se mencionó líneas atrás (https://goo.gl/TVPpH7 ), lleva cubiertos en negro los datos clave de una operación que podría endeudar a la CdMx por unos doce mil millones de pesos. No son visibles los términos de financiamiento, costos finales, monto de multas a pagar por el gobierno capitalino ni datos suficientes de la empresa, formada por la sociedad mexicana Proactiva Medio Ambiente (la cual opera el sistema comercial de agua en la CdMX y tiene presencia en 20 municipios del país, en tareas de recolección y disposición final, en rellenos sanitarios, de materiales de desecho) y la trasnacional nacida en Francia, Veolia (https://goo.gl/GvtQ3J )

 La confrontación de ayer en la asamblea legislativa fue tan intensa que implicó lo físico, particularmente entre diputadas, y fue aprovechada por el grupo contrario a Morena (partido que tuvo la mayoría de votos en las elecciones de 2015, pero que ha sido desplazado tramposamente del control de esa asamblea mediante un bloque de los demás partidos) para “destituir” a la presidenta de la mesa directiva, Flor Ivonne Morales (de Morena) y “designar” en ese cargo a Fernando Zárate Salgado, formalmente miembro del Partido Verde, pero con larga carrera en el PRD (https://goo.gl/URJX3Y).

En otro contexto, ayer se produjo la primera caída de un jefe delegacional capitalino, Israel Moreno Rivera, de la Venustiano Carranza, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación destituyó por desobedecer una sentencia (la orden judicial alcanza al antecesor de Rivera Moreno, también perredista). Israel es hermano de Julio César Moreno, quien ya fue diputado federal y jefe de la misma delegación, donde se le considera un cacique. Julio César dejó hace semanas la corriente de los Chuchos y pasó a Alternativa Democrática Nacional, dirigida por el mexiquense Héctor Bautista, lo que remarca la pérdida de poder de la chuchista Nueva Izquierda.

En Oaxaca, el dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Marcos Antonio Sánchez, fue aprehendido merced a la orden de un juez que consideró necesario precisar los términos de la participación de ese líder en el asesinato de cinco personas en junio de 2013, cuando regresaban de una asamblea de transportistas. El cumplimiento de esa orden judicial provocó bloqueos viales y violencia contra automóviles y transeúntes sin vinculación con los hechos. A finales del pasado agosto hubo otra movilización cetemista para obstruir las vialidades, en protesta por el asesinato de tres personas y entre acusaciones de que el dirigente Sánchez pretendía “lucrar” con esas muertes, al pretender negociaciones con el gobierno de Alejandro Murat.

En Michoacán, el gobernador peñista-perredista, Silvano Aureoles, endureció el puño contra manifestaciones de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo. En el congreso estatal y en diversas organizaciones políticas y sociales hubo severas condenas a la represión ordenada por el frívolo Aureoles, tan fuera de quicio político.

Mientras en otros países se estudian con cuidado las eventuales consecuencias fiscales negativas que podrían tener los grandes capitanes empresariales involucrados en las revelaciones conocidas como Paradise Papers, en México Enrique Peña Nieto presidió ayer una reunión con los principales dirigentes de grupos de negocios, para formalizar la operación, cedida a esos capitalistas, de los fondos recaudados desde el ámbito privado (pero, también, dinero público graciosamente traspasado) para reconstrucciones a causa de los recientes sismos. Por otra parte, el presunto precandidato presidencial, Mancera, fue notificado de las aportaciones federales a esas tareas en la Ciudad de México.

Y, mientras Emilio Lozoya goza de cabal impunidad, ¡hasta mañana, con el INE que busca dar a los aspirantes a candidaturas independientes puedan una semana más para sus tareas, como compensación por problemas operativos con la aplicación correspondiente!