Suegras, cuñadas y comadres. Las revelaciones hechas por el empresario, Carlos Mimenza Novelo, en una denuncia pública contra el gobierno de Carlos Joaquín González, colaboradores y allegados, no pueden pasar inadvertidas, y por el contrario, deben ser atendidas con prontitud y con toda seriedad.
En una carta a la Opinión Pública, el empresario no sólo exige a Joaquín González que cumpla su compromiso de campaña para esclarecer y sancionar a los responsables del saqueo al Estado, sino que además da nombres y apellidos de personajes corruptos.
Según señala, el presidente de la Gran Comisión del Congreso, diputado panista Eduardo Martínez Arcila y el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, recibieron una fuerte cantidad de dinero para proteger y dar inmunidad al ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina.
El gobernador dijo en la presentación de su Plan de Desarrollo que no existe pacto alguno con ex funcionarios ni ex gobernador y que se terminó con la impunidad para sancionar actos de corrupción y saqueo.
En la carta de Mimenza se revela un claro pacto de los diputados mencionados para no castigar al encargado de administrar los dineros públicos durante el gobierno de Roberto Borge.
Joaquín González no puede desestimar las aseveraciones hechas en dicha carta, y menos cuando valientemente se han expuesto los nombres de quienes incurrieron en ese delito.
El gobernador está obligado a aclarar esta acusación que tira por la borda sus declaraciones hechas ante la sociedad, ya sea con la sanción a estos diputados o bien desmintiendo con pruebas lo ahí señalado de manera directa y sin tapujos. La sociedad así lo reclama.