El pasado 7 de septiembre uno de los peores terremotos sacudió a México, afectando principalmente a los estados de Oaxaca y Chiapas, aunque el sismo se sintió en varias entidades. Usualmente cuando han ocurrido huracanes, sismos y otra clase de desastres naturales, la población mexicana ha reaccionado a proporcionar toda clase de ayuda, donando víveres o apoyo económico, para las personas damnificadas que lo pierden casi todo, incluidos sus hogares.
Pero esta vez ha sido distinto. A pesar de ser el sismo de mayor magnitud en casi un siglo –dicen los especialistas- la población ha respondido diferente, cuestionando a las instituciones públicas si la ayuda va a llegar a quien realmente lo necesita, critican a aquellas que han puesto a disposición las cuentas bancarias para hacer donativos, como en caso del Senado de la República e incluso el apoyo a la Cruz Roja –a pesar de su carácter privado- ha sido blanco de cuestionamientos, reflejando todo esto una desconfianza institucional.
Ello no ha sido de a gratis. Los actos de corrupción de las autoridades y la impunidad de los mismos han generado este clima de desconfianza entre la ciudadanía con sus gobernantes y lo que emane de estos. Todo se cuestiona. Y así debería ser en un Estado que se jacte de ser democrático. El rendimiento de cuentas debería ser un principio en toda la administración pública de los tres órdenes de gobierno y organismos públicos autónomos.
Como ya dábamos cuenta en anteriores ocasiones en este espacio, en el Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE-COLMEX, 2014), se advierte que la mayoría de las personas que denuncian ante las autoridades correspondientes un delito, están convencidos de que no sirvió para nada, lo cual menoscaba la confianza en las instituciones y la autoridad. Aún más, este estudio señala que el ciudadano no se relaciona con los gobiernos para resolver problemas ni los ve como entidades que existen para su beneficio.
Una percepción generalizada es que somos un país que tolera la corrupción, por lo que es menester echar andar mecanismos que contribuyan a eliminar la corrupción y la impunidad.
De hecho uno de los grandes proyectos ha sido el “gobierno abierto” que contempla la transparencia, la participación ciudadana, el combate contra la corrupción y el uso de las tecnologías para este fin.
Las víctimas sí, somos todos, pero mayormente quienes se encuentran en estado de indefensión y vulnerabilidad. De tal modo que con el ejemplo descrito en las primeras líneas dan cuenta de los efectos de la desconfianza institucional, quedando desamparados quienes no tendrían por qué pagar las consecuencias de las autoridades. Por tanto, todos quienes estamos en la función pública debemos para ser más transparentes a fin de rescatar esa relación entre ciudadanía e instituciones. Así lo demandan los tiempos.