Uno de los derechos universales de todo ser humano es precisamente el de la vivienda, podemos leer en el artículo 251° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”

Así mismo encontramos en el artículo 11° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas…”

Y finalmente en nuestra Constitución, artículo 4°: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

Resulta entonces obvio que uno de los negocios más rentables para el gobierno y las constructoras es la edificación de viviendas para toda la humanidad, ya que al ser un bien necesario y supuestamente un derecho, se debe de proveer de los medios necesarios para que todo mundo goce de una “vivienda adecuada, digna y decorosa”; pero los conceptos son manejados desde distintas vitrinas bajo diferentes enfoques e intereses: al gobierno le permite manejar recursos a diestra y siniestra a través de diferentes instituciones, a los empresarios tener dividendos muy jugosos que como la gallina de los huevos de oro, jamás se acabarán y a los necesitados de tal bien, la necesidad de buscar, cuantificar ingresos y adquirir lo “mejor” del mercado. ¿Usted se ha visto en esta situación?