Este miércoles vence el plazo para que, dentro del nuevo sistema de justicia, se resuelva la situación legal de J.R.P, el hombre vinculado como presunto homicida de una mujer y su hijo de 4 años el pasado 5 de julio y en cuya audiencia inicial se ventilaron prácticas que el viejo sistema inquisitivo ha utilizado, con el respaldo de los medios de comunicación, para resolver los crímenes: opacidad, abuso de poder, violación de derechos humanos y corrupción.

J.R.P. fue detenido el 7 de julio aunque él y su defensa expusieron que, en realidad, los policías lo retuvieron desde el martes 5, justo después de que reportó el crimen al 066 y declaró lo que había descubierto al entrar al departamento que le rentaba a la mujer y que ambos usaban, por ser casados, para tener relaciones.

El viernes 8 varios medios publicaron, como es costumbre, el boletín de la Fiscalía, con titulares que daban por hecho la resolución del caso: “Atrapan al asesino de mujer y niño en Cancún”. Ese mismo día se llevó a cabo la audiencia inicial en la que, sin embargo, el inculpado expuso que lo retuvieron y torturaron para que se declarara culpable. Ahora la Fiscalía deberá demostrar no sólo su versión para imputar el crimen, sino también pruebas de descargo en los delitos que a la misma autoridad se le imputan: privación ilegal de la libertad y tortura.

El caso, ventilado así en audiencia pública, ha sido aleccionador tanto para operadores como difusores (periodistas) de la aplicación de justicia. Los periodistas deberán no sólo cambiar de mentalidad, sino hacer un trabajo real de fiscalización del sistema, sin limitarse a reproducir los boletines oficiales.