Por ello, el lunes 8 de mayo junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil Coparmex Nacional solicitó al Senado que el proceso de ratificación de los Magistrados Anticorrupción se abra al escrutinio y participación social, bajo el esquema de Parlamento Abierto.

Para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione adecuadamente, los Magistrados deben ser figuras verdaderamente autónomas, independientes, imparciales, ajenas a cualquier conflicto de interés, e implacables contra los actos relacionados con sanciones administrativas y corrupción.

Otra parte sustancial del combate a la corrupción está en el ámbito subregional, en los estados y municipios donde prevalecen amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, por falta de contrapesos, controles y rendición de cuentas.

Es ahí, en muchos estados donde hay resistencias para aprobar las leyes de los sistemas locales anticorrupción. Sólo siete entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca y Puebla, tienen la base legal necesaria para desarrollar sus Sistemas Locales Anticorrupción. En Quintana Roo, aún continúan los trabajos.

Es evidente que los legisladores federales tienen la responsabilidad de convocar a un periodo extraordinario para atender estos y otros temas que no pueden esperar, como lo relacionado a seguridad pública que, particularmente en semanas recientes, se ha agudizado de manera significativa. Les exigimos que dejen a los candidatos y a sus partidos el tema electoral, su responsabilidad está en representar y legislar los grandes temas que aún retan a México.

El combate a la corrupción y la impunidad no es tarea de un gobierno o del Congreso. Es un esfuerzo de la Nación en su conjunto, de una sociedad que exige una transformación profunda y sustentable de la vida pública de México.