Debiera ser una obligación, no una opción. Así como un derecho, una obligación cívica, democrática y legal a nivel constitucional.

No podemos seguir permitiendo, por inmadurez social y por conveniencia de la partidocracia, que la selección de los gobernantes quede en manos del 30% o cuando mucho de la mitad de los votantes. Está mas que demostrado que en una sociedad económica y orgánicamente débil esos son márgenes manipulables.

Tenemos a disposición el sufragio efectivo y la pluralidad política real, lo cual tiene valor histórico, pero cayó en manos de una partidocracia que lo limita, lo inhibe y lo distorsiona. Es hora del siguiente paso: obligación de votar con sanciones para quien no la cumpla.

Para que tenga utilidad deberá ser acompañada, por lo menos, por dos ajustes adicionales.

Uno, romper el monopolio de los partidos para decidir las listas de los candidatos y transferirle a los grupos de la sociedad, por vías claras, viables, organizadas y jurídicamente ciertas, la posibilidad de poner en competencia electoral a quienes considere que mejor los representa.

Las candidaturas independientes son hoy un simulacro jurídico en calidad de camisas de fuerza.

Dos, homologar en todo el país los calendarios electorales locales con los federales para que sólo tengamos votaciones cada tres años.

Se disminuiría la distracción social procesos electorales a cada rato, el derroche de recursos públicos que conlleva y la manipulación social clientelar que se sigue realizando desde el poder y las instituciones políticas.