Hablar de legalidad es establecer que una serie de normas se han aceptado por un grupo social para cumplirse en lo que respecta a sus derechos y obligaciones como tal, cada sociedad establece las que a sus intereses les parecen convenientes, dentro de los lineamientos a establecerse se prefiere que sean por el llamado bien común, donde no haya afectación a terceros y que procuren el orden social.
Sin embargo, podemos encontrar variantes de una misma cuestión legal dentro de una colectividad, ya que dependiendo de las necesidades reales o creadas, se hace patente modificar; tal es el caso de los denominados “huachicoleros”, quienes llevan décadas chupando las ubres del hidrocarburo que se suponía pertenecía a todos los mexicanos; ahora ellos se defienden aclarando que esa actividad es válida ya que al ser un bien de la nación, les pertenece y pueden tomar de ello.
Las ganancias son exorbitantes y obviamente están coludidos políticos así como personal del propio Pemex; han legalizado su estilo de modus vivendi a partir de un modus operandi, donde la sociedad misma está involucrada considerando a esta banda de saqueadores, los buenos de la escena defendiéndoles de la otra legalidad que les intenta detener; el laberinto está denso: por un lado los políticos hacen negocios turbios con cara de legalidad aceptada sin existir poder humano que pueda echarles el guante; por el otro, la sociedad en su hartazgo intuye que la legalidad no es tan legal y entonces se arrima a la nueva legalidad-ilegal con la esperanza de obtener beneficios aun cuando fuere de forma indirecta.
¿Quién tiene la razón? Ciertamente vivimos en un país lleno de diversas legalidades.