En un régimen presidencialista como el de México, sólo el Presidente manda y lo que manda es ley…
Y su intervención era forzosa ante el conflicto en Quintana Roo por el blindaje del gobernador Roberto Borge a través de su paquete de impunidad, concretado por el Congreso, y la condena por ello del mandatario electo, Carlos Joaquín González.
No hacerlo y mantener el silencio, lo hacía cómplice de la barbaridad cometida aquí en el estado (y en Veracruz), pues con ello, el gobernador no sólo se cuida las espaldas al término de su administración, sino que pretende dejar a funcionarios que obedecerán sus órdenes ya como ex mandatario, en un hecho sin precedentes. Vamos, ni a Antonio López de Santana ni a Porfirio Díaz se les ocurrió tal idea.
De ahí la inconstitucionalidad que enviará la Presidencia de la República a la SCJN a través de la PGR, ya que ningún gobernador puede presentar iniciativas al Congreso que lo eximan de rendir cuentas y lo blinden, mediante con el control de las autoridades de la procuración de la justicia, de la auditoria e incluso del Poder Judicial. Esa es una aberración.
Dicen que el único precedente que se tiene de algo similar fue la película “La Ley de Herodes” en la que el protagonista quiso cambiar la ley por sus pistolas, a fin de ser presidente municipal vitalicio.
En la vida real, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla a favor de la acción de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo Federal, el gobernador Roberto Borge Angulo se presentará así, al descubierto, ante la próxima administración, cuyo titular anunció que lo auditará y sancionará en caso de irregularidades.
Digo, si no se pela antes…