La necesaria reforma político-electoral en Quintana Roo considera temas torales para la vida democrática del estado. Son muchas las voces que nos hemos pronunciado por quitar los candados a las candidaturas ciudadanas independientes de los partidos políticos, disminuir los recursos que se otorgan a los mismos y fomentar la democracia participativa a partir de igualar condiciones para partidos y candidatos ciudadanos.

Uno de los mayores candados para las candidaturas ciudadanas independientes es la recolección de firmas de apoyo que se requieren para registrar a un candidato; es, ahora, el 3 por ciento del padrón electoral estatal. Pero además, se pide copia de la credencial de elector de quien firma y, por si ello fuera poco, se solicita que los firmantes comparezcan ante el Instituto Electoral, es decir, luego de haber otorgado su firma de apoyo, tiene que invertir parte de su tiempo para acudir ante el éste, el día y a la hora que éste lo indique.

Pero, regresemos a la cantidad de firmas requeridas, el 3 por ciento del padrón electoral contrasta con el 2.5 por ciento que se solicita, por ejemplo, para presentar ante el Congreso del Estado, una iniciativa de reforma, pero, contrasta aún más, con el 0.26 por ciento de firmas del padrón electoral que requieren.

Respecto de los partidos políticos. Los ciudadanos, desencantados con la forma en que son manejados los institutos políticos, les castigan al no votar por ellos. La legislación electoral es clara y advierte que si en un proceso electoral, el partido político no obtiene el 3 por ciento de la votación, pierde su registro y por lo tanto sus prerrogativas.

Claro que les resulta simple, perder el registro y luego obtenerlo con una ridícula cantidad de firmas requeridas para obtener registro y por lo tanto, financiamiento. Pero son los mismos dirigentes de los partidos que perdieron el registro y que no están interesados más que en seguir subsistiendo del erario público.

Y para el caso de las candidaturas ciudadanas, los requisitos son rígidos; además, no tienen garantía de financiamiento y si lo hay, es ínfimo. ¿De qué se trata?, ¿de institucionalizar vividores sin propuesta concreta y sin objetivos políticos claros y cancelar a toda costa el derecho del ciudadano de votar y ser votado?

Esto tiene un costo económico muy elevado, pero sobre todo, fomenta el hartazgo social, al fortalecer proyectos políticos únicamente a partidos con intereses cupulares y desdeñar al ciudadano.

La reforma electoral tendrá que hacer un análisis profundo de esta situación. O todos con el 0.26 por ciento del padrón, o todos con el 3. En aras de la democracia, debemos acabar con el concepto de partido político familiar, en renta o satélite.

Saludos.