La deuda pública es un instrumento privilegiado por el capital financiero especulativo para  transferir a manos privadas los recursos propiedad de la sociedad y administrados por los gobiernos. Es la expropiación consentida en cuya contratación, transferencia y uso excesivo van quedando tirados millones de pobres sobre los que se levantan o se consolidan unos cuantos ricos muy ricos. En algunas ocasiones políticos y gobernantes de primer nivel se inmiscuyen para beneficiarse. En esos casos la deuda pública es el sustrato para la corrupción de altos vuelos; su caldo de cultivo. Es por todo lo anterior que existen tantos países, estados y municipios endeudados y sobre endeudados en niveles exorbitantes, impagables, transfiriendo a unos cuantos particulares, una y otra vez, al infinito, los recursos de los ciudadanos.

Ese sistema económico orilla a los gobiernos a la negociación de sus deudas acumuladas. Hacia la eterna renegociación o reestructuración. Aun así, no hay peor amenaza que evadir o posponer el problema. Uno de los peores errores en una economía es dejar crecer la deuda pública y sus obligaciones bajo el riesgo de caer presa de las mafias internacionales de la especulación.

Presas de la desesperación, los países rematan su deuda en calidad de baratija y posteriormente los compradores carroñeros que las adquieren tratan de realizarla al precio real en los tribunales internacionales. Son los llamados “Fondos Buitre”, instrumentos que no solamente saquean a una economía sino que pueden ser factor de desestabilización política. Las intenciones de gobierno más justas, progresistas y socialmente solidarias pueden abortar por el manejo indebido o negligente de una indeseable herencia.