Hay algunos en Quintana Roo que ya echan las campanas al vuelo, luego de que el gobernador Roberto Borge se comprometió ante la titular de la PGR, Arely Gómez, de abrogar y derogar los actos y leyes aprobadas en torno a su supuesto paquete de impunidad.

Sin embargo, el mismo mandatario estatal fue muy claro en su momento: “Veremos de qué se trata la acción de inconstitucionalidad emitida por el Ejecutivo Federal y a partir de ahí actuaremos” (palabras más, palabras menos).

Esa es la información oficial que los ciudadanos comunes tenemos;  muchos creen que la demanda presidencial incluía todos los actos de dicho blindaje del gobernador, y por ello Borge ordenaría dar marcha atrás a todas las iniciativas aprobadas por  el Congreso.

Sin embargo, hay diputados que afirman que la acción de inconstitucionalidad sólo iba dirigida a lo concerniente al Tribunal de Justicia Administrativa , lo cual será puntualmente derogado en el próximo período extraordinario de sesiones. Ese sería, pues,  el compromiso asumido por el gobernador ante la titular de la PGR.

¿Y la fiscalía autónoma con titular por siete años? ¿Y el auditor Superior del Estado, cuyo cargo se prolongará por el mismo lapso? ¿Y los escoltas por los próximos 15 años? Son las cochinas preguntas que siempre saltan.

En fin, si la petición del Presidente Peña Nieto quedó mocha, como dicen que fue, el gobernador dejará el cargo  dentro de un búnker infranqueable, impenetrable.

Sin embargo, ya hay diputados (fuera del PRI-PVE) que saben de esta insuficiente resolución del Ejecutivo Federal y anuncian que darán la pelea jurídica para revertir la totalidad del blindaje.

De ser así, el mandatario estatal habrá brincado un importante obstáculo –que no el último- rumbo a su meta: La impunidad.