Política ficción, respondió insistentemente el expresidente Carlos Salinas de Gortari a Denise Maerker una y otra vez en una entrevista que es un clásico, en referencia a que no todo lo que se ve es real.

Y así parece ocurrir en Quintana Roo, donde aún están presentes los resquicios de un régimen autoritario que se niega a morir, que no admite ser señalado o criticado y que está dispuesto a defender con toda la escasa cuota de poder que le queda.

Dispuestos incluso a “clonar” el modus operandi del crimen organizado para amedrentar a quienes todavía creemos en la libertad de prensa y ejercemos el noble oficio del periodismo.

Desde principios de mes recibí una serie de textos vía WhatsApp y llamadas telefónicas amenazantes en mi contra, lo cual fue denunciado oportunamente ante la Fiscalía estatal como la Procuraduría General de la República (PGR).

En la instancia federal se abrió la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000789/2017 y en la estatal se levantó el oficio con número FGE/QR/BJ/07/9223/2017. Asimismo, fui incluido en el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación federal.

Fiel a la labor de informar he seguido ventilando las corruptelas, falta de transparencia y opacidades de grupos de poder que solo cuidan sus propios intereses y ven la manera de perpetuarse en los cargos.

Pudieron haber sido estos mismos intereses quienes al verse exhibidos aprovecharon el contexto de amenazas en mi contra para actuar cobardemente y ordenar la colocación de presuntos mensajes del narco en diferentes puntos de Cancún.

En las dos mantas se vierten acusaciones y amenazas contra un servidor y otras personas, lo que ha dado pie a un sinfín de especulaciones.

Quiero aclarar que de ninguna manera esta amenaza fue “fabricada” por un servidor, como se ha vertido en algunos comentarios en redes sociales, por el contrario, considero que la amenaza a un periodista constituye un delito y debe investigarse a fondo.

Es por ello que, estos hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Quintana, la Procuraduría General de la República y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y serán ellos quienes den seguimiento al caso.

Será la autoridad quien se encargue de deslindar culpas y sancionar. Yo pondré a su disposición todas las pruebas, los elementos que faciliten su labor de investigación.

Mi prioridad es la seguridad de mis hijos, mi familia, equipo de trabajo y la mía propia y el respeto absoluto e irrestricto a la libertad de expresión; seguiré luchando porque se brinden las condiciones necesarias para el ejercicio del periodismo libre y sin censura en Quintana Roo.