Más allá de elegir en una papeleta a un gobernante o legislador cada tres o seis años, la democracia requiere de la participación constante de los ciudadanos que en estos momentos están exigiendo que se fiscalice a la administración saliente y se castigue a los responsables de que la deuda pública estatal haya aumentado casi mil por ciento en los últimos 12 años.

En esta coyuntura ha surgido una propuesta que podría sostener la participación y fiscalización ciudadana si es que el órgano -Observatorio Legislativo de Quintana Roo- presentado recientemente, se conduce desde afuera y más allá de los tiempos políticos. La iniciativa encabezada por organismos empresariales busca la rendición de cuentas.

Según el Informe Legislativo 2016 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto anual del Congreso de Quintana Roo fue este año de poco más de 340 millones de pesos, 37 millones más que el de los congresos de Yucatán (132 millones) y Campeche (171 millones) juntos.

Sin embargo, en transparencia resultó reprobado al no hacer pública la información relativa a remuneración bruta y neta por diputado, prestaciones, aguinaldos, gastos de representación, viáticos, plazas, prestadores de servicios por honorarios, jubilados y pensionados, gastos en órganos, comisiones y grupos parlamentarios, así como en comunicación social o medios de comunicación.

Esa información tendría, por ley, que ser pública, pero ante el incumplimiento de quienes se encargan, paradójicamente, de legislar, la ciudadanía tiene que ser participativa y sostener una fiscalización permanente en la rendición de cuentas y en la aplicación del dinero público.