La Constitución mexicana de 1917, un referente en la defensa de derechos sociales, consagró la igualdad laboral para las mujeres sin proteger sus derechos políticos.
En la década de los años veinte Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas fueron ejemplo al convertirse en las primeras entidades del país que garantizaron a las mujeres su derecho al voto.
Fue hasta el año 1937 cuando el Presidente Michoacano Lázaro Cárdenas del Río envió al Congreso la iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional para reconocer el derecho del voto a las mujeres; en la última fase del proceso legislativo el Congreso no hizo la declaratoria de reforma por lo que no entró en vigor.
Tuvo que pasar otra década para que, en 1946 Miguel Alemán impulsara una reforma que reconociera a las mujeres sus derechos para elegir y ser elegidas, pero únicamente en procesos municipales.
Finalmente, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines, con una rapidez inusual, a una semana de iniciado su gobierno el 9 de Diciembre de 1952, presentó la iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional para reconocer plenamente el derecho de las mujeres al voto y a postularse a cargos de elección, entrando en vigor el 17 de Octubre de 1953.
Así pues, varias de las mujeres con quienes convivimos cotidianamente, abuelas, madres, tías, pudieron votar hasta mediados del siglo XX, pareciera algo difícil de creer cuando la lucha femenina por obtener derechos de votación y decisión comenzó en el mundo siglos atrás, de hecho México fue de los últimos países de Latinoamérica en reconocer ese derecho femenino.
Tras varios años de lucha de mujeres mexicanas, después de estas importantes reformas constitucionales y una vez logradas valiosas conquistas legislativas, que pasamos de cuotas porcentuales a espacios paritarios, es preciso exigir que más allá de la paridad esté la capacidad, que lleguen a los cargos las mejores mujeres, de comprobada experiencia y probidad, dejando de lado la corrupción y nepotismo, vicios de nuestro sistema político.
Esas mujeres deben seguir en primer plano, participando de las decisiones públicas, quizás la paridad en la administración pueda ser un siguiente paso en este largo sendero que inició con el sufragio, pero aún queda mucho por hacer respecto a los derechos de otras mujeres, por empoderarlas no sólo en lo político, sino también en lo económico, para mejorar sus condiciones sociales.