Florencia la bella insignia cultural y arquitectónica de Italia, fue el escenario de un episodio más del Caso Tamaulipas, ya era crónica de una detención anunciada, había sido un proceso muy largo cuya investigación inició aproximadamente desde el año 2004 cuando Tomás Yarrington Ruvalcaba dejaba la gubernatura y quien ahora enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.
La investigación contra el ex Gobernador de Tamaulipas en el periodo 1999 al 2004 y quien fuera expulsado recientemente de las filas del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), tiene varios elementos: vínculos criminales, identidad falsa, falsificación de documentos, encubrimiento, en fin, varias cuestiones legales que enmarcan este amplio expediente que involucra ya a las autoridades investigadoras de tres países: Estados Unidos, por supuesto México e Italia, cuyos agentes realizaron la detención.
Un asunto prioritario tendrá que ser el ver cómo se puede resarcir el daño patrimonial y económico a las arcas de Tamaulipas o cómo se dice coloquialmente que devuelvan todo lo robado, pues en ese Estado como en otros del país, se siguen padeciendo los efectos de administraciones en las cuales hubo peculado, tráfico de influencias, desvío de recursos, cohecho y endeudamiento por mencionar sólo algunos; con mucha razón los Tamaulipecos claman por Justicia y han estado al tanto de este caso de principio a fin.
Así pues, para buscar atacar la corrupción e impunidad, dentro de los temas pendientes en la agenda política y legislativa en México, se encuentran las modificaciones legales y la aprobación de la legislación secundaria para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en las entidades federativa entre ellas Quintana Roo, para establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, Estados y municipios para promover, fomentar y difundir la cultura de integridad en el servicio público, así como la rendición de cuentas, la transparencia, la fiscalización y el control de los recursos públicos.
Es muy pronto aún para anticipar resultados y reconocer el trabajo de la Procuraduría General de la República, pues aún faltan los expedientes de los Duarte, de Moreira, de Borge y otros más.