Es importante, y necesaria, la precisión: Javier Duarte de Ochoa no podrá ser juzgado por acusaciones distintas de aquellas que fueron ya presentadas puntualmente por las administraciones de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes Linares en Guatemala para pedir su extradición (salvo, claro está, por los delitos de otra índole que cometiera en adelante; por ejemplo, en la propia cárcel mexicana).
Dicho de otra manera: el Javidú sonriente o seudofilosofal (según sea la conveniencia), que se alista para regresar a México, ha sido virtualmente exonerado del resto de hechos delictivos que cometió como gobernador de Veracruz y sólo deberá responder por el reducido número de casos concretos que “sustentó” la Procuraduría General de la República y los que presentó la manejable fiscalía veracruzana. Sólo por esos casos, ni uno más.
La clave para el manejo exculpatorio de la mayor parte del amplio universo delictivo de Duarte de Ochoa fue la programada decisión de someter el caso a un proceso de extradición y no de deportación (como sucedió en casos relevantes como el de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 1993 en la misma Guatemala, quien fue deportado, sin más).
A pesar de que era evidente la estancia irregular de Duarte de Ochoa en Guatemala, el gobierno mexicano solicitó que el exgobernador no fuera deportado (lo cual hubiera sucedido con natural rapidez), sino sometido a un proceso de extradición, según eso para impedir que el político alegara violaciones al debido proceso.
De haberlo deportado, podrían estarse sumando al expediente de Javidú cuantas acusaciones y descubrimientos delictivos fueran surgiendo; extraditado, sólo será materia de juicio por los señalamientos específicos que los gobiernos (de Peña y de Yunes) hubieran hecho, por defectuosos, apresurados o incompletos que sean.
El acotamiento (intencional) de los hechos imputables a Duarte de Ochoa proviene del conocido principio jurídico de especialidad que se aplica en asuntos extraditorios y obliga a que el extraditado solamente sea juzgado por los presuntos delitos por los que se le devolvió a su país de origen.
Claro que la PGR podrá hacer simulacros de añadidura de acusaciones al veracruzano retornable, pero serían meros artificios propagandísticos, pues el poder judicial mexicano (sin necesidad, en este punto, de consignas), tiene pleno sustento para desechar tales pretensiones. Ahí está el ejemplo del empresario Ángel Isidoro Rodríguez Sáez, apodado El divino, quien fue extraditado de España en 1997 y a quien la justicia federal mexicana amparó para que no se le sumaran casos a los originalmente establecidos en el proceso de extradición (a pesar de que “nuevos” indicios delictivos fueron sumados por la PGR cuando aún estaba en España, pero que ya no resultaron procedentes).
A fin de cuentas, Rodríguez Sáez, acusado de defraudación fiscal y daño patrimonial a Banpaís (del que era presidente del consejo de administración), fue librando las acusaciones previas a su extradición y las posteriores (en total, se le acusó de beneficiarse con casi 400 millones de dólares). Su padre, Isidoro Rodríguez Ruiz, fue conocido como “el zar del autotransporte en el estado de México y tradicionalmente encargado de facilitar los vehículos que ocupan los candidatos del PRI a la Presidencia de la República. En el negocio del autotransporte mexiquense, los Rodríguez han sido socios de Roberto Alcántara, presidente del Consejo de Administración de Bancrecer, que proporcionó el transporte durante la campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta y financió el grupo de vallas y orden durante la campaña priista, investigado por la fiscalía especial del caso Colosio”, según nota en La Jornada de julio de 1996 (https://goo.gl/Fvz5HS ). La misma vertiente familiar Alcántara es, actualmente, parte del reducido número de empresarios favoritos de Los Pinos.
También en La Jornada, pero en 2002, Gustavo Castillo y Jesús Aranda publicaron una nota a cuyo final mencionaron: “Este nuevo revés para la PGR, en asuntos derivados de presuntos fraudes bancarios, fue advertido en su momento por el entonces procurador fiscal de la federación, Gabriel Reyes Orona, quien el 25 de septiembre de 2001 indicó que el procurador general de la República, general Rafael Macedo de la Concha, había iniciado una averiguación previa sobre irregularidades contenidas en el expediente de El Divino. Gabriel Reyes Orona comentó que ‘es un enorme fracaso de la procuración de justicia fiscal en México. Es verdaderamente un descalabro por dos vertientes. Una, porque nuestras disposiciones de naturaleza financiera son lo suficentemente laxas, poco claras, como para permitir que existan este tipo de huecos’, además, porque ‘este país descuidó la procuración de justicia”.
A Duarte de Ochoa se le permitió saquear y lesionar gravemente a la sociedad veracruzana, con pleno consentimiento y protección de Los Pinos; luego, se le dio tiempo y condiciones propicias para su huida; nunca se le localizó, a pesar de estar en un país vecino; se le permitió una visita familiar en Guatemala antes de consumarse su aprehensión; su familia ha sido judicialmente intocada, sobre todo su esposa, que ha sido virtualmente exonerada, a pesar de las evidencias de complicidad en el saqueo de Veracruz; y, para garantizarle un juicio ligero, acaso su posterior exoneración plena, se solicitó su extradición y no su deportación, para restringir el rango de acusaciones delictivas posibles.
¿Será Duarte de Ochoa el nuevo Divino? ¿Leeremos en próximos años las crónicas periodísticas de la ordenada caída de las acusaciones contra quien hasta hace poco era celebrado amigo de Los Pinos? ¿Se habrán sembrado “descuidos” en la procuración de la justicia para beneficiar programadamente a Javier Muerte?
Y, mientras Trump le ha enviado a Peña Nieto a su secretario de seguridad interna, el general Kelly, para ponerlo en línea (migración, crimen organizado, frontera sur) de lo que “acordarán” EPN y DT en su “encuentro” en el marco del G20, en Hamburgo, ¡hasta mañana!