Hace un par de semanas en un hecho inédito desde su creación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció una crisis severa en sus finanzas que derivaría en el despido del 40% de su personal. Este anuncio se acompañó de una campaña mediática, con el fin de ejercer presión para que los países miembros de la Organización de Estados Americanos destinaran mayores recursos a aquel organismo.

De acuerdo a la propia CIDH, las consecuencias de esta crisis derivarían en una semi-parálisis de dicha comisión y por ende en una menor protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la región latinoamericana.

Muchos analistas han dedicado sus espacios en los últimos días a entender por qué es importante salvar a la CIDH, qué hay más allá detrás de esta crisis y sobre el papel que México ha asumido ante esta llamada de emergencia de la CIDH. No obstante es menester indicar con contundencia que la protección de los derechos humanos está en juego.

Desde la fecha del anuncio hasta el 13 de junio, de los 35 países integrantes de la OEA solo 5 se habían pronunciado favorablemente, reduciendo las posibilidades de lograr la obtención de recursos que le permitiera salvar su plantilla laboral antes del plazo fatal que había fijado la CIDH (15 de junio).

La crisis de la CIDH es una mala señal para los organismos de protección de derechos humanos nacionales y locales de cada país. Hoy, el sistema de protección de los derechos humanos pone a prueba aquellos países que se dicen comprometidos con la protección y promoción de los derechos humanos. A demostrar que los derechos humanos se fortalecen con acciones y no con el discurso; pero la realidad es que se han visto rebasados ante esta coyuntura.

Es lamentable lo que pasa con la CIDH, sin embargo, como toda crisis, es una oportunidad para replantear aquellos puntos endebles, que en este caso, la más urgente sería mejorar los esquemas de financiamiento que le permitan a sus instituciones obrar con autonomía, eficacia y con independencia de los recursos extra latinoamericanos.

Pero también el debate que se genere al interior de la OEA a raíz de esta crisis, debería abonar a tocar aquellos temas pendientes y sensibles respecto de la congruencia de los discurso con las acciones, con el fin de fortalecer los derechos humanos en la región y así evitar esas paradojas en las que tenemos países, como Estados Unidos  que señalan a otros países por violar los derechos humanos, sin que hayan firmado los tratados en la materia, y que solo se ha conformado en financiar y ser sede, por solo decir algunos. Tiempo al tiempo, muy pronto sabremos como concluye este capítulo de la CIDH. Estaremos atentos.