En 2011 el Estado Mexicano ofreció una declaración de perdón a víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez como parte del cumplimiento a la sentencia conocida como “Campo Algodonero”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009, por no prevenir el asesinato de tres mujeres y por incumplir en su deber de investigar y garantizar derechos como la vida, libertad e integridad personal.
Dos años después, el Ejecutivo Federal promulgó la Ley General de Víctimas, como resultado de un proceso de lucha de la sociedad civil, en específico del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezada por Javier Sicilia. Movimiento que acogió las voces de las víctimas de la violencia delictiva y logró que se crearán garantías para la reparación del daño mediante la justicia restaurativa, con medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas para hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia, garantías de no repetición, sanción a los culpables, reparación integral, incluidas las disculpas públicas por parte del Estado mexicano.
No obstante de esa fecha hasta entonces ese acto de reconocimiento muy pocas veces se cumplía y de hecho se observaba cierta resistencia de las autoridades. El pasado 21 de febrero la Procuraduría General de la República reconoció los errores durante el proceso judicial en contra de tres indígenas de Querétaro, en acatamiento de una sentencia del Tribunal Federal Administrativo, lo cual abre la puerta a romper dichas resistencias.
Si bien en abril de 2016, también en un hecho inédito, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en voz del General Salvador Cienfuegos ofreció una disculpa pública por la tortura en contra de una mujer, luego de divulgarse un video sobre el suceso, sin mediar recomendación o sentencia, podría manifestar la “apertura” o antecedentes de las autoridades, el de la PGR sin duda viene a sentar precedentes.
En Cozumel, Quintana Roo a fines del año 2015, fuimos testigos de la primera vez en el estado en darse dicho acto, como parte de una recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y en 2016 también se produjeron actos similares por autoridades estatales.
De nueva cuenta en este espacio recalcamos el valor de una disculpa pública para que la sociedad mexicana se reconozca asimismo en sus instituciones, en ese anhelo de paz, y recupere la confianza en sus instituciones (junto con otros actos de justicia), cicatrizando heridas que permitan avanzar hacia la consolidación democrática. Falta mucho, pero vamos avanzando.