Hasta ahora, el gobierno estatal se ha mantenido, en relación a las organizaciones de la sociedad, bajo la inercia de ejecutar los programas de beneficio social con criterio asistencial y esencialmente para fortalecer el vínculo clientelar a favor de su partido. Así, la mayoría de las organizaciones de la sociedad han jugado el papel distorsionado de intermediarias politizadas en el intercambio de apoyos y prebendas por votos. Las organizaciones sociales autónomas que no entran en este sistema activan el trabajo por sus causas específicas mayoritariamente por voluntad y con recursos propios.

En general hay una debilidad estructural en la organización social que se manifiesta en el número reducido de asociaciones existentes (en relación a lo que sucede en otras entidades y países); debilidad acentuada por la improvisación, el voluntarismo y la falta de profesionalización. El acelerado crecimiento de la población en nuestra entidad obliga a la urgente necesidad de organizar y fortalecer a los grupos sociales en una carrera contracorriente.

En el ejercicio público se manifiesta una condición similar, dada la gestión, administración y aplicación inefectiva y poco clara  de los recursos destinados a las acciones sociales. Difícil evaluarlo dada la opacidad en las cuentas públicas y por la ausencia de indicadores que permitan la observación, el monitoreo y la medición de los resultados.

En resumen: se observa que hay presupuestos públicos destinados para la atención de los grupos sociales vulnerados por la pobreza y la desigualdad; existe ejercicio público que los aplica, y la dinámica se acompaña por una sociedad parcialmente organizada que se activa en ayuda hacia esos grupos vulnerables. Sin embargo, desigualdad y pobreza no ceden. Por el contrario, se incrementan.