Quintana Roo dio un paso más en el combate contra la corrupción con la aprobación de las bases del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo objetivo es luchar contra la impunidad y poner a la entidad a la vanguardia contra este vicio inmemorial de la clase política mexicana.
Debemos recordar que los legisladores locales están obligados por ley a cumplir con este ordenamiento federal, que exigía concluir estas reformas antes del 18 de julio y que comprenden cambios y la creación de nuevas leyes con las cuales combatir la corrupción en la entidad.
Algunos de los cambios más importantes fueron: la creación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, con lo cual la Fiscalía podrá revisar años anteriores al Ejercicio Fiscal en curso.
La Secretaría de la Función Pública ya no se llamará así, ahora será la Secretaría de la Contraloría; este será el corazón del sistema anticorrupción, pues se encargará del control interno de todas las dependencias del gobierno estatal.
Esta secretaría estará bajo lupa, pues con la enorme cantidad de irregularidades que se detectaron durante el gobierno de Roberto Borge, la ciudadanía estará muy vigilante de la actuación de las autoridades y del castigo que tendrán aquellos que sean encontrados culpables.
Es de destacar también el espacio que se le brinda a los ciudadanos en este nuevo sistema, pues el Sistema Estatal Anticorrupción contará con la participación de cinco ciudadanos de probidad y prestigio, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
Los elegidos durarán en su cargo cinco años y serán nombrados por la Legislatura a través de una Comisión de Selección.
También se hicieron modificaciones a las leyes orgánicas del Poder Legislativo, del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral, y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos.
Con las reformas se establece que los contralores Internos de la Fiscalía General, IEQROO, CDHQROO, IDAIPQROO, serán designados por la Legislatura, a través de una convocatoria pública que emita la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.
Otro ente de nueva creación es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuya designación del titular estará a cargo de la Legislatura previa revisión de los requisitos y comparecencia de las personas que integren la terna que remitirá el Fiscal General.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa será otro órgano nuevo, el cual estará integrado por cinco magistrados, tres que integrarán la Sala Superior y dos magistrados unitarios, que integrarán Tribunales Unitarios Regionales.
La designación de los magistrados se realizará mediante convocatoria pública abierta, sujeta a principios de paridad de género y máxima publicidad.