El compromiso con la mexicanidad, con los mexicanos, con el concepto de patria contiene varios frentes o aristas, todas ellas fundamentales. Está por ejemplo, el compromiso de la ciudadanía la cual, a pesar del enojo, del hartazgo, sigue pagando puntualmente sus impuestos, gracias a los cuales, le es posible operar a la estructura del Estado, dicho sea de paso, una muy obesa y consumista; son precisamente las excepciones esas aristas que no funcionan con el todo en favor del país.
Aun así, anuncios como el hecho la víspera por el líder nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón durante los festejos por el 40 aniversario del organismo empresarial, son muestra del fenómeno que hoy por hoy trasciende en nuestro México: voluntad y hechos para construir un mejor país, a pesar de las condiciones internas de violencia administrativa, generalizada y externos, de xenofobia.
Ello porque, asegurar una inversión productiva en 2017 para el país por 3.5 millones de millones de pesos (3.5 billones de pesos), en tiempos en que la inseguridad y la violencia han generado el cierre de miles de negocios; más aún, en un escenario internacional caracterizado hoy por el cierre del mercado norteamericano para las exportaciones mexicanas y la precipitada salida del capital de esa nacionalidad ante la amenaza del “magnate orate”, representa una apuesta de un solo sentido “a todo o nada” donde lo que está en riesgo es el patrimonio de muchos mexicanos.
Especialmente en Quintana Roo donde el cierre de negocios y una eventual latente baja en la percepción de vacacionistas, atenta gravemente contra la paz social por el evidente “efecto dominó” de toda la superestructura, es decir, la falta de empleo y el imperio de la anarquía generan violencia por más buena voluntad que se imprima.
Resulta fundamental, quiero decir: FUNDAMENTAL revisar el tema de la impunidad, de la ramplona corrupción, la que involucra a grandes inversionistas y al estado en cualesquiera de sus niveles. Violentar las leyes para luego pactar sanciones económicas que resultan ridículas cualquiera que sea el monto; el tráfico de influencias, la selectiva e impune aplicación de la justicia han sentado las bases para la operación impune de la delincuencia organizada.
El esfuerzo que el sector empresarial considera para mejorar las condiciones generales en nuestro país es un hecho trascendente; es histórico, pero en Quintana Roo pareciera que sigue imperando el interés extranjero y delictivo sobre las acciones apegadas a derecho y respetuosas de los derechos humanos y el interés nacionalista.